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Buenos Aires.— La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ordenó ayer reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento a los acusados iraníes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires.
La decisión fue rechazada por el abogado defensor de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, quien aseguró que es inconstitucional porque el caso tiene valor de cosa juzgada.
En la denuncia de Nisman, de más de 300 páginas, también son señalados funcionarios de alto rango (como el ex canciller Héctor Timerman), dirigentes políticos de grupos kirchneristas de base y referentes de la comunidad iraní en Argentina.
De acuerdo con la denuncia de Nisman —quien falleció el 18 de enero de 2015 y cuya muerte aún no ha sido definida oficialmente ni como suicidio ni como homicidio—, la ex mandataria argentina encabezó una estrategia en favor de cinco funcionarios gubernamentales iraníes, que habrían ideado el atentado.
El fiscal sostuvo que, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013, Teherán aceptaba potenciar su comercio con Buenos Aires a cambio de que Argentina dejara de acusar a sus hombres.
Nisman debía defender su hipótesis —muy criticada por los juristas kirchneristas— ante el Congreso argentino, pero nunca llegó a hacerlo: el día en que debía presentarse fue hallado muerto en el baño de su casa, con un disparo en la sien. En los meses siguientes, su denuncia fue desestimada primero por un juez federal y luego por una cámara de apelaciones.
“Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, tuiteó Fernández de Kirchner en alusión al asesinato del presidente estadounidense en 1963. La ex presidenta está a un paso del juicio oral por una supuesta estafa cometida a través de la venta de dólares a futuro y fue procesada, hace tres días, por asociación ilícita a los fines de cometer actos de corrupción.
En su fallo, la Cámara Federal de Casación Penal expresó que la decisión de cerrar la denuncia fue “arbitraria, prematura y parcial”, y ordenó que un nuevo juez la examine.
“La denuncia de Nisman era muy seria: había 50 medidas de prueba pedidas”, explicó con satisfacción el fiscal ante la Cámara, Ricardo Sáenz.
“No se abrió durante dos años porque había una designio político de no hacerlo”, precisó.
En cambio, Gregorio Dalbón, el abogado defensor de la ex mandataria, sostuvo que con la reapertura se ha violado la Constitución.
“Reabrir una causa cerrada dos veces, que ya tiene valor de cosa juzgada, es inconstitucional. Y además, la Cámara está para revisar sentencias, no para esto”, dijo a EL UNIVERSAL.
“La denuncia en sí es un disparate jurídico, pero de todas maneras queremos que se investigue: es mejor violar la Constitución, investigar y llegar a la verdad antes que no hacer nada”.
Dalbón aseguró que se comunicó ayer con Fernández de Kirchner: “Esto la tiene sin cuidado: a la larga, volverán a dictar la nulidad”, aseguró.
