Tras pactar la paz en 2016 y allanar el escenario institucional para ponerle fin a una guerra que se prolongó por más de 52 años, Colombia dará en 2017 un paso crucial de la pacificación: ejecutar el acuerdo suscrito por gobierno e insurgencia, con desarme, desmovilización y reinserción social de los rebeldes, transformación de la guerrilla en partido político legal y desmontaje del germen del conflicto armado.
Por primera vez desde 1964, los colombianos acumulan cuatro meses consecutivos de cese el fuego, luego de que el 29 de agosto de este año se decretó el fin de las hostilidades bélicas entre el Ejército y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Si 2016 fue el año de la paz con las FARC, “hagamos votos para que 2017 sea el comienzo de la paz completa y del postconflicto”, escribió en Twitter el colombiano Juan Camilo Restrepo, jefe de la comitiva gubernamental que a partir de enero próximo negociará la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla colombiana.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno firmaron el 24 de noviembre pasado, en Bogotá, un segundo acuerdo de paz con cambios a una primera versión que rubricaron el 26 de septiembre anterior, en Cartagena de Indias, y que fue vencida en un plebiscito el 2 de octubre de este año. En un hecho que impulsó el proceso, el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016, por su lucha por la pacificación.
Con el pacto se definen cronogramas de desmovilización, desarme y reinserción social y política con verificación interna y externa. El documento fue negociado por los dos bandos en Cuba desde noviembre de 2012 y refrendado por el Congreso de Colombia el primero de este mes.
La Corte de Constitucionalidad de Colombia aprobó el 13 de diciembre pasado una vía rápida para leyes como la amnistía para la guerrilla.
En forma paralela, las FARC transitan, desde el 14 de diciembre anterior, la ruta para pasar en 2017 a partido político legal y someterán a sus tropas a procesos judiciales por narcotráfico, masacres y otros delitos.
Único camino. Para una nación que, según cifras oficiales actualizadas, ya superó los 49 millones de habitantes y una pobreza extrema que azota a unos 3.9 millones de personas, la deuda social es acuciante, con variados focos calientes de crisis por líos agrarios y tensiones con obreros, campesinos, indígenas, minorías o de género.
Convencido de que la única vía para atacar la miseria es un país en paz, el colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá, recordó que “hace tres años no creíamos” que se pudiera “dejar atrás la violencia” con las FARC. “Creamos”, pidió.
Las “mujeres de las FARC” proclamaron en redes sociales que 2017 será el “año nuevo de la esperanza”.
“La paz verdadera se construye con justicia, igualdad y equidad para todos y todas”, destacó la jerarquía de las FARC en Twitter. Paz con justicia social, recalcó, “en todos los hogares”.