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Un juez procesó el martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga la concesión irregular de obras públicas.
El juez federal Julián Ercolini también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de 10 mil millones de pesos (unos 633 millones de dólares) y dispuso el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.
También procesó al empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con la concesión irregular de obras, indicó el Centro de Información Judicial.
El juez dijo en su fallo que "se encuentra acreditado" que la exmandataria y los exfuncionarios "habrían formado parte de una asociación" que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz" en el sur argentino.
En 2003 asumió como presidente Néstor Kirchner, fallecido marido y antecesor de Fernández. Durante su mandato, De Vido y López ocuparon los cargos de ministro de Planificación Federal y secretario de Obras Públicas, respectivamente, que luego renovaron durante la gestión de Fernández (2007-2015).
Ercolini consideró que los acusados habrían violado el "deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad" con el aparente fin de "procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".
El magistrado pidió al Banco Central que inmovilice y congele las cuentas bancarias que tengan a su nombre los procesados con excepción de aquellas en las que se depositan sus sueldos o jubilaciones.
Fernández, quien se encuentra en la provincia de Santa Cruz donde reside habitualmente, no ha hecho declaraciones sobre la decisión judicial.
La expresidenta peronista sostiene que desde que dejó el poder en diciembre de 2015 es víctima de una persecución por parte de jueces que responden a las órdenes de su sucesor, el conservador Mauricio Macri.
Al declarar recientemente por escrito ante Ercolini, sostuvo que no es socia comercial de Báez y negó las acusaciones en su contra.
Afirmó que la obra pública requiere de la aprobación del Parlamento y pidió que se realice una auditoría completa de los contratos de adjudicación de obras públicas durante sus dos mandatos.
El cerco judicial sobre la exmandataria se ha estrechado en los últimos meses.
En mayo fue procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y está acusada de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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