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La Audiencia Nacional de España confirmó este viernes que Diego Cruz Alonso debe ser extraditado a México. El traslado del joven de 21 años, considerado uno de “los Porkys de Costa de Oro”, queda ahora en manos del gobierno español en un trámite que se resolverá en pocas semanas.
Los 18 jueces que componen el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se reunieron este viernes y deliberaron sobre el último recurso de Cruz Alonso, detenido en España el 11 de junio por orden de Interpol después de que la PGR emitiera un mandato internacional por delito de “pederastia tumultuaria” en la violación de una menor de 17 años en Veracruz en 2015.
Fuentes judiciales han confirmado que no existe ninguna razón por la que Cruz no deba ser juzgado en México.
Los jueces, aunque aún no han redactado ninguna resolución oficial, consideran que en México se darían todas las garantías jurídicas para el proceso, que existe un delito equivalente en España y que no es relevante que Cruz esté en posesión de la nacionalidad española.
Quedan así refutados todos los argumentos de la defensa del joven, que pedía que éste fuera juzgado en España aduciendo que Cruz era víctima de una conspiración de políticos y medios de comunicación.
El Pleno de la Audiencia Nacional debía decidir sobre el recurso presentado por la defensa después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunciara el 28 de octubre que accedía a la petición de México para que Diego Cruz Alonso fuera extraditado.
En ese auto de octubre, los tres magistrados firmantes coincidieron en “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, otro de los pilares en los que se basó la defensa, la Sala consideró que poseer pasaporte español “en manera alguna” impedía la extradición.
Tras el paso dado este viernes, la Audiencia Nacional debe notificar al ministerio de Justicia su resolución. El proceso podría alargarse unos días porque el martes comienza en España una sucesión de varios días festivos. Aun así, la petición de extradición podría estar lista para uno de los próximos Consejos de Ministros, que se celebran cada viernes. Por tanto, el día 9 o el 16 de diciembre, el gobierno español podría firmar el documento.
El paso por el Consejo de Ministros se considera un mero trámite. Los ministros sólo frenan extradiciones en circunstancias muy excepcionales que no reúne en el caso de Cruz. Deberían darse causas de seguridad nacional, irregularidades manifiestas en el proceso o amenazas de injerencias políticas. Uno de los pocos casos en los que se ha frenado una extradición en España es en el caso de ministros españoles reclamados por Argentina para ser juzgados por crímenes del franquismo.
Tras la firma del Consejo de Ministros, la justicia española debe coordinarse con la PGR para que sean enviados agentes mexicanos al aeropuerto español de Barajas. Allí les será entregada la custodia de Diego Cruz y lo trasladarán a México. A la espera, seguirá ingresado en la prisión española de Soto del Real.
