Los republicanos de Texas están renovando su ofensiva en contra de las llamadas ciudades santuario para inmigrantes sin residencia legal, en la sesión legislativa del año próximo.
El gobernador Greg Abbott se ha comprometido a sancionar a aquellas ciudades y gobiernos locales que sean considerados como protectores de personas que viven ilegalmente en el país.
Grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes creen que esa campaña podría conducir a medidas de discriminación racial. Ya se han presentado propuestas similares antes, pero algunos legisladores dicen que ha cambiado la marea política tras la victoria del presidente electo Donald Trump, quien durante la campaña presidencial prometió prohibir las ciudades santuario.
Los republicanos de Texas han pasado años tratando de acabar con la inmigración ilegal que cruza la frontera con México. Envalentonados por la elección de Trump, ciertos legisladores republicanos podrían movilizarse contra las ciudades santuario, especialmente dos grandes condados que observan estas políticas.
El gobernador Abbott puso el tema al frente de su agenda extraoficial para 2017, comprometiéndose —en entrevistas y en las redes sociales— a promulgar una iniciativa de ley que castigue a quienes protegen a los residentes irregulares, con la reducción de los fondos estatales y otras sanciones.
Las promesas previas de los gobernadores republicanos y las legislaturas de mayoría republicana nunca llegaron a volverse leyes en Texas, pero el rumbo político ha cambiado, afirmó el senador Charles Perry, un republicano de Lubbock que desde hace varios años ha promovido una prohibición contra las ciudades santuario. Perry ya presentó un proyecto de ley para la sesión que comienza en enero.
"El pueblo estadounidense dejó claro que resolver nuestra crisis de inmigración ilegal debe ser una prioridad", declaró Perry. "Eso comienza con eliminar las ciudades santuario, asegurando nuestra frontera y aplicando las leyes de inmigración que ya tenemos en los libros".
Algunas ciudades en todo el país, como Chicago, Nueva York y Seattle, han adoptado políticas que las han hecho ganarse el apodo de santuarios, por ejemplo, al prohibirle a la policía preguntar el estatus migratorio de una persona o cooperar con las autoridades federales de inmigración. Nada de eso existe en Texas, dicen los activistas por los derechos civiles.
"Todos los condados de Texas dejan (a los funcionarios de inmigración) revisar las hojas de fichaje de sus cárceles para ver quiénes han llegado y qué status tienen", aseguró Terri Burke, director ejecutivo de la oficina en Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Sin embargo, los jefes de policía de los condados de Travis y Harris, dos de los más grandes del estado —que contienen a Austin y Houston, respectivamente— han dicho que están sopesando poner fin a los programas de cooperación con los funcionarios federales de inmigración.
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