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La fiscalía brasileña denunció hoy al ex presidente Luis Inacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, en el marco de la Operación Lava Jato que investiga multimillonarios desvíos de fondos, se informó hoy aquí.
Se trata de la tercera denuncia contra Lula presentada por la fiscalía de la Operación Lava Jato –que investiga sobornos con fondos desviados desde la estatal Petrobras-, y la quinta de la que es objeto el ex presidente.
La policía sospecha que Lula participó en una trama para desviar entre 2 y 3 por ciento de los montos de los contratos firmados por la constructora Odebrecht con la petrolera Petrobras, a quien suministró servicios por valor de miles de millones de reales.
La fiscalía acusa a Lula de participar en una trama que habría desviado 75 millones de reales (unos 23 millones de dólares) con el objetivo de pagar campañas de formaciones políticas, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
La esposa del ex presidente, Marisa Letícia Lula da Silva, así como el ex ministro Antonio Palocci, también fueron denunciados por la fiscalía por participar supuestamente del esquema de fraude.
La policía cree que el ex presidente –que ambiciona presentarse a los comicios presidenciales de 2018 para lograr un eventual tercer mandato- habría ofrecido cargos públicos a partidos políticos a cambio de obtener apoyo parlamentario a sus políticas.
En el centro de las investigaciones está el Instituto Lula, situado en Sao Paulo, que la policía sospecha que Odebrecht compró y renovó para el ex presidente, en una transacción valorada en 12 millones de reales (unos 3.5 millones de dólares).
Lula ya es imputado en otra causa de la Operación Lava Jato por corrupción y lavado de dinero, al beneficiarse supuestamente de un apartamento de tres plantas en el litoral de Sao Paulo a cambio de beneficiar a una empresa constructora en sus negocios con Petrobras, algo que él niega rotundamente.
Lula dice ser víctima de una “caza judicial” en Brasil con el objetivo de impedir su nueva candidatura presidencia, y ya presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aduciendo que la Justicia brasileña está violando sus derechos.
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