La fiscalía general de Brasil presentó ayer una nueva denuncia contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusa de tráfico de influencias, lavado de dinero y participación en organización criminal.
La denuncia, que incluye además a su hijo, Luiz Cláudio Lula da Silva, es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida “Operación Zelotes”, que desde 2015 indaga supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La investigación sobre el ex mandatario, quien ya tiene abiertos otros tres procesos diferentes en su contra, apunta irregularidades en la compra de 36 cazas, de fabricación sueco, por parte de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB).
Los investigadores parten de que ambos y dos consultores participaron en manejos irregulares para la adquisición, realizada en 2014.
La Agencia Brasil señaló que el hijo de Lula recibió 2.5 millones de reales (unos 700 mil dólares) en pagos de la empresa de los consultores, quienes “corrompían” a integrantes del CARF.
La fiscalía considera que existen indicios de irregularidades en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automotriz, mediante un decreto dictado por el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.
“La fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el gobierno realizada por parte del ex presidente Lula benefició a su hijo, Luiz Cláudio”, se señaló en la denuncia.
Los abogados de Lula rechazaron la apertura de este nuevo proceso e indicaron en un comunicado que la denuncia “está basada en procedimientos que fueron tramitados de forma oculta y sin acceso a la defensa.
“Ni el ex presidente Lula, ni su hijo, participaron o tuvieron algún conocimiento de cualquier acto relacionado con la compra de aviones caza de la empresa sueca SAAB, tampoco de la prórroga de beneficios fiscales” a la industria automovilística, afirmaron los abogados Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira. Subrayaron que las acusaciones contra Lula “ponen en jaque a las Fuerzas Armadas Brasileñas”.
Además, Claudio Melo Filho, alto ejecutivo de la constructora Odebrecht, vinculó a Lula con el cobro ilegal de 3 millones de dólares, según una filtración difundida por medios locales.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero, por haber tratado de acallar a un testigo que lo señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.