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El ex presidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2009-2014) deberá enfrentar en prisión una investigación judicial por presuntamente malversar 246 millones de dólares. Además, un tribunal ordenó ayer el embargo de sus bienes, así como de los de seis colaboradores de su gobierno, mientras se realiza el proceso.
“Se tienen acreditados los delitos imputados, por lo que el proceso pasa a la siguiente fase [instrucción] con la medida cautelar de la detención provisional” y el “embargo general de bienes muebles e inmuebles”, decretó Nelly Pozas, juez cuarta de Paz.
Tras los intensos debates entre los fiscales y la defensa de Saca y sus colaboradores, Pozas impuso las medidas ayer en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.
Según la letrada, las razones que expusieron los abogados defensores para pedir la libertad de los procesados “no son suficientes”, porque “las penas que se van a imponer son bastante grandes”, más de 30 años, como para que los procesados intenten huir. “Los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia”, indicó.
El viernes, Saca solicitó a la juez la libertad condicional para poder preparar su defensa, buscar los documentos que respalden su “inocencia” y argumentó también razones de salud.
“Hace un año estuve en cuidados intensivos y necesito constantemente ver a los médicos por dos dolencias complicadas y graves”, afirmó.
Saca también dijo durante la audiencia: “Yo me considero totalmente inocente y venimos a este proceso, precisamente, a enfrentar con toda la documentación y los papeles que nos corresponden para desvirtuar las acusaciones estiradas de la fiscalía”.
Sobre la imposición del embargo Pozas aseguró que es “necesaria, adecuada y proporcional”, pese a ser “atípica”. La medida “es para que se tenga la certeza de que no se sustraigan bienes mientras dure este proceso” y que “al final se tengan los suficientes propiedades para responder por las responsabilidades”, añadió.
El ex mandatario y sus seis colaboradores fueron enviados nuevamente a la División Antinarcóticos de la policía en San Salvador, donde deberán esperar a que comience la siguiente etapa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital. La juez autorizó que los imputados reciban la visita de sus familiares “más allegados”, de sus médicos y que puedan realizar actividad física.
El próximo jueves la defensa recibirá la copia de la resolución para que inicie el plazo para que puedan interponer las apelaciones que vean necesarias.
Los defensores de los acusados aseguraron a la prensa que apelarán la decisión de la juez de Paz, porque "carece de fundamentación”.
Saca, sus ex secretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontarán la etapa de instrucción por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del ex mandatario”.
Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, Saca y los implicados operaban una estructura al interior de la presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo” y lavaron 6 millones.
