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Londres.— El Tribunal Superior de Londres determinó ayer que la primera ministra británica, Theresa May, tiene que contar con la aprobación del Parlamento antes de iniciar las negociaciones sobre el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, aunque el gobierno ya anunció que apelará esa decisión.
El Ejecutivo adelantó que recurrirá el fallo, lo que implica que tendrá que resolver de forma definitiva el conflicto la Corte Suprema, la máxima instancia del país.
El ministro de Comercio Internacional y abanderado del Brexit, Liam Fox, dijo en la Cámara de los Comunes que “el gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal”.
“El país votó por salir de la Unión Europea en un referéndum [en junio pasado] aprobado por una ley del Parlamento y el gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum”, en el que casi 52% de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo, dijo Fox.
Si el fallo se confirma, el Parlamento tendrá un gran poder para influir sobre la estrategia de negociación de May y las negociaciones entre Londres y la UE podrían retrasarse. Los defensores del Brexit temen incluso que evite el abandono de la UE, en vista de que la mayoría de los legisladores en ambas cámaras es contraria a la salida.
Sin embargo, una portavoz gubernamental aseguró ayer que el Ejecutivo no tiene la intención de alejarse del plan previsto.
Tras el referéndum del 23 de junio, en el que una mayoría de británicos votó en favor de abandonar la UE, se anunció que las negociaciones de salida comenzarían a más tardar a finales de marzo de 2017.
May mantendrá hoy una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también espera hacerlo con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y con líderes de algunos países de la Unión Europea (UE), y el próximo lunes su gobierno comparecerá en el Parlamento para explicar
su posición.
Hoy viaja a Berlín el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, uno de los mayores defensores del Brexit, quien se reunirá con su homólogo germano, Frank-Walter Steinmeier. Este último advirtió en contra de un retraso en las negociaciones.
Hasta ahora la primera ministra había rechazado la participación del Parlamento en el proceso, que debe llevarse a cabo con base en el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.
Se trata de un asunto “exclusivo del gobierno”, alegaba May, si bien el Parlamento sería consultado.
El líder del partido euroescéptico Ukip, Nigel Farage, aseguró que ahora teme que se “intente todo para bloquear o retrasar” la puesta el marcha del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que regula la salida de un país del bloque. “No tienen ni idea del nivel de indignación pública que provocarán”, advirtió en Twitter.
Una de las impulsoras de la demanda fue la administradora de fondos de inversión Gina Miller, quien argumentó que no se podía excluir al Legislativo de decisiones tan fundamentales como el abandono de la UE. Por el contrario, el gobierno fundamentó su caso en la decisión del pueblo reflejada en el referéndum.
Miller se mostró satisfecha tras la decisión judicial y exigió “un debate como debe ser en nuestro Parlamento soberano”. También la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se mostró conforme. “Realmente es significativo”, escribió en Twitter con un link a noticias sobre el fallo. Los electores escoceses se mostraron en su mayoría contrarios al Brexit.
El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, demandó al gobierno que presente cuanto antes “los términos de la negociación con Bruselas ante el Parlamento”, a fin de que los diputados puedan analizarlos y proceder a la votación ahora exigida por el Tribunal Superior de Londres.
También el grupo parlamentario conservador de May quiere formar parte de las negociaciones, algo que la dirigente rechazaba hasta ahora alegando que el debate público de la estrategia para el Brexit en el Parlamento dañaría su posición negociadora.
En cuanto al líder de los laboristas, Jeremy Coryn, aseguró que su partido respeta “la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea”, aunque pidió “transparencia y rendimiento de cuentas” ante el Parlamento sobre las condiciones dela salida de la UE.
Si el Supremo refrenda el dictamen de ayer, es difícil que se cumpla el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, puesto que implicaría que los Comunes deben legislar para autorizar esa activación, lo que, presumiblemente, solo harán tras llegar a un acuerdo sobre los términos del Brexit.
