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Buenos Aires.— La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer al juez federal Sergio Torres, a propósito de una causa en la que se la acusa por presunta defraudación a la administración pública a través de operaciones con dólar a futuro, que cite a declarar a funcionarios del actual gobierno y a empresarios cercanos al presidente Mauricio Macri. Así, busca defenderse contraatacando y acusando del mismo delito al entorno de Macri.
El abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, presentó un escrito al juez Torres en el que le solicitó que se llame a declaración indagatoria a Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José María Torello, Pablo Curat y Luis Caputo; todos, funcionarios de segunda y tercera línea del gobierno. Y también a hombres de negocios como Nicolás Caputo, un amigo personal de Macri. Todos ellos serían “adquirentes de contratos de dólar futuro por valores millonarios”.
El juez Torres no lleva adelante la investigación específica contra la ex presidenta, sino una denuncia de un grupo de diputados kirchneristas a la que luego se sumó ella misma. Aunque el juez había rechazado aceptarla como querellante, la Cámara Federal se lo ordenó y ahora Fernández de Kirchner tiene acceso a la investigación y puede pedir medidas de prueba y citaciones a indagatoria.
“No puedo dejar de señalar, con el mayor respeto, que se trata de un verdadero escándalo jurídico que, por un lado, se afirme la responsabilidad penal de los funcionarios de la anterior administración que de alguna manera habrían tomado parte en la operatoria”, escribió el abogado de la ex presidenta, “y que por el otro, quienes resultan sus beneficiarios directos, luego de ser dispuesta por ellos mismos la devaluación de la moneda y además haber negociado el valor de liquidación de tales contratos, permanezcan sin dar las explicaciones que corresponden ante la justicia y ante la sociedad”.
La ex presidenta, quien gobernó Argentina en dos periodos, entre 2007 y 2015, fue procesada en esta causa el 11 de noviembre. El lunes pasado pidió ir a juicio oral.
La ex mandataria reclamó al juez federal de instrucción Claudio Bonadío, quien lleva adelante la causa, ser enviada “con premura” a juicio para que un tribunal “imparcial” esclarezca los hechos. El magistrado respondió que “no hago futurología para decir si Cristina va a ir presa o no”.
La hija de Cristina, Florencia, es investigada por 4.6 millones de dólares guardados en sus cajas bancarias de seguridad y la madre de la ex presidenta, Ofelia Wilhelm, acaba de ser denunciada por presuntas irregularidades que causaron perjuicios al Estado por 61 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó que el gobierno esté realizando una persecución política a Fernández de Kirchner. “Ella está demasiado acostumbrada a las operaciones mediáticas y judiciales del poder, pero nosotros no somos así”, dijo. “No nos dedicamos ni a perseguir a la madre, ni a ella, ni a la hija; nos dedicamos a gobernar y construir para el futuro de Argentina”.
