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La Corte Penal Internacional (CPI) comunicó hoy que "respeta" la decisión de Moscú de revocar su firma del Estatuto de Roma, documento fundacional del tribunal, pero recordó que, aunque Rusia lo firmó en el año 2000, nunca lo ratificó, por lo que no es considerado un "Estado parte".
Fuentes del tribunal de La Haya dijeron a Efe que "la adhesión al Estatuto de Roma es una decisión voluntaria y soberana" y que la institución "respeta la soberanía de cada Estado".
Otras potencias como Estados Unidos, China o Israel tampoco están bajo la jurisdicción de la CPI porque no han ratificado el estatuto.
Rusia anunció hoy su decisión de "no participar del Estatuto de la CPI, o en otras palabras, de revocar la firma de este documento", lo que implica "consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969", precisó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
La Cancillería rusa destacó que "en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares".
"Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio", añadió el ministerio.
El anuncio de Rusia se suma a las retiradas de Burundi, Gambia y Sudáfrica de la CPI, anunciadas recientemente.
A diferencia de Rusia, estos tres países africanos sí habían ratificado en su momento el Estatuto de Roma.
El proceso para que se confirme definitivamente la salida de un país miembro de la CPI dura un año.
Figuras importantes de otros países africanos como Kenia, Namibia o Uganda han llamado a sus países a abandonar la CPI, tras criticar que la gran mayoría de los procesos juzgados en La Haya tienen como acusados a líderes de su continente, mientras apenas presta atención a las potencias occidentales.
Fuentes del tribunal han hecho una vez más un llamamiento a la comunidad internacional para que la CPI "pueda cumplir su mandato independiente e imparcial y ayude a poner fin a la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", así como "proveer de justicia a las víctimas de semejantes crímenes y contribuir a su prevención".
