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La oposición colombiana comenzó ayer a analizar el nuevo acuerdo de paz que firmaron el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
El nuevo documento tiene leves cambios. Hace precisiones sobre los derechos de la propiedad privada, un tribunal especial de justicia y los sitios de confinación en los que los rebeldes deben cumplir sus penas privativas de la libertad de entre cinco y ochos años por los crímenes cometidos durante el conflicto armado de más de 52 años.
Además, incluye aclaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico, obliga a la guerrilla a entregar todos sus bienes para indemnizar a las víctimas y establece que la implementación de los acuerdos se hará sin poner en riesgo la estabilidad fiscal del país.
Sin embargo, los líderes de la guerrilla aún podrán ser elegidos en cargos públicos y el partido político que surja de las FARC tendrá 10 escaños en el Congreso durante dos periodos.
“Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no nos vamos a pronunciar sobre el nuevo acuerdo anunciado desde La Habana hasta no conocer cómo está redactado”, dijo Óscar Iván Zuluaga, uno de los dirigentes del partido político que lidera Álvaro Uribe.
