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El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra dos empresas ubicadas en Washington por haber violado la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) al discriminar contra empleados inmigrantes durante el proceso de verificación de la elegibilidad para trabajar con base en su estatus de ciudadanía.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que desde al menos noviembre del 2013 hasta al menos octubre de este año, las empresas “Washington Potato” y “Pasco Processing“ solicitaron documentación limitada específica correspondiente al Formulario I-9 y/o E-Verify a los empleados que no eran ciudadanos de la Unión Americana mientras le permitieron a empleados ciudadanos de ese país, la flexibilidad de presentar una variedad de documentos.
Según INA, a todos los trabajadores, incluso los que no son ciudadanos de Estados Unidos, se les debe permitir que elijan libremente entre la documentación válida para comprobar su autorización para trabajar. INA prohíbe que los empleadores discriminen al limitar ilícitamente las opciones que se les permite a los trabajadores con base en su estatus de ciudadanía.
"Las leyes federales protegen a las personas con autorización legal para trabajar ante los obstáculos discriminatorios durante la verificación de la elegibilidad para trabajar," declaró la Secretaria de Justicia Auxiliar Adjunta Principal Vanita Gupta, encargada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
"Todas las personas con estatus legal para trabajar en los Estados Unidos deben tener igualdad de oportunidades para comprobar que pueden trabajar, independientemente de su estatus de ciudadanía o estatus migratorio”, agregó.
El Departamento de Justicia indicó que la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas a Inmigración (OSC, por sus siglas en inglés) es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de INA.
Entre otras cosas, la Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y origen nacional en la contratación, despido o reclutamiento o en la recomendación de empleo por comisión, las prácticas documentales injustas, las represalias y la intimidación.
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