Bruselas.— La despenalización de la marihuana podría contribuir a reducir las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la guerra contra el narcotráfico, afirma Teresa Salvador Llivina, directora del programa de cooperación en política de drogas entre América Latina y la Unión Europea (COPOLAD).
“Cada país es un mundo, pero algo que puede ayudar a mejorar los aspectos de derechos humanos es la despenalización del consumo, porque las personas que consumen no son los responsables de los problemas, sino las primeras víctimas del mercado”, dice a EL UNIVERSAL.
“La legalización de la cannabis puede venir acompañada de un incremento del consumo, pero también de una disminución de los problemas de inseguridad y de vulnerabilidad de los derechos humanos”, señala.
La experta ve un cambio de paradigma de drogas en América Latina, en donde paulatinamente se avanza hacia políticas más respetuosas con los derechos humanos, la protección de la seguridad pública y la atención de la salud. Sostiene que esta evolución se ve reflejada en la política de despenalización de la marihuana en Uruguay, y en los debates que tienen lugar en Colombia, Guatemala y México.
Asegura que el punto de partida en toda Latinoamérica es el análisis entre las políticas que han funcionado y las que no han dado los resultados previstos. Señala que están dando frutos las políticas públicas sustentadas en evidencias científicas y que muestran un equilibrio entre seguridad, respeto a los derechos humanos, protección de la salud pública y la integración social.
“¿Y qué no funcionó? La guerra contra las drogas, que consistió en invertir muchos recursos en todos los aspectos represivos y de encarcelamiento de personas. Está claro que el uso del ejército y la policía no es la solución, hay otras medidas de carácter social y de salud que pueden ayudar a conseguir que los problemas se reduzcan”, dice.
Considera que las políticas de despenalización de la cannabis emprendidas en diversas entidades de Estados Unidos impactarán en los países latinoamericanos, debido a que los mercados de drogas no son estáticos.
Señala: “Lo que pueda pasar en Estados Unidos tiene un impacto, pero es importante que la reacción de los países latinoamericanos sea producto de sus propias experiencias y políticas, y no por la influencia estadounidense o lo que intente imponerles.
“La solución al problema de las drogas tiene que ser internacional, un país solo no puede solucionar los problemas si no tiene el consenso de toda la región”, indica. Con un presupuesto de 10 millones de euros, la Unión Europea puso en marcha este año la segunda fase de COPOLAD, una plataforma de cooperación regional gestionada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y creada para el intercambio de experiencias y la recaudación de información científica para reducir la demanda y la oferta de drogas.
México ha participado en el programa a través de talleres especializados sobre tráfico aéreo y marítimo, y dirigidos a la creación de herramientas para el desarrollo de políticas públicas de reducción de la demanda.