Más Información
Mauricio Kuri garantiza seguridad tras ataque a bar Los Cantaritos; niega que conflicto de otros estados se traslade a Querétaro
Rubén Rocha admite “encuentros” entre grupos criminales y autoridad en Sinaloa; “ahí va la seguridad en el estado”, dice
Marcha 25N: Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer; cierres y cortes viales, minuto a minuto
Fernández Noroña celebra “extraordinaria respuesta” de aspirantes a elección judicial; “ganó el éxito”, asegura
Bogotá.— Tras la victoria del ”no”, por un estrecho margen, al acuerdo de paz en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y sus aliados partidistas iniciaron ayer en esta capital una nueva negociación política para impedir el colapso del proceso pacificador, rescatar el diálogo, cerrar todo resquicio de retorno a la guerra y buscar vías para renegociar el plan pactado en Cuba.
Rodrigo Londoño Echeverri, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo ayer desde La Habana: “La consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político”.
El “Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito por Santos y Londoño el pasado 26 de septiembre en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, “ha sido firmado como un acuerdo especial”, aclaró el jefe guerrillero.
Las FARC, agregó, “permanecerán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse”.
El Centro Democrático, encabezado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002—2010) y principal promotor del “no” a los acuerdos, reafirmó ayer su disposición de “aportar a un gran pacto nacional”. Expresó su “voluntad de reunirnos” con delegados gubernamentales para “identificar los pasos” y avanzar hacia ese arreglo.
El centro pidió a los que votaron “sí”, a los que se abstuvieron y al gobierno y a sus negociadores, en nombre de los que votaron “no”, “que se escuchen nuestras razones”, para renegociar el acuerdo. El bloque del “no” alega, entre otros factores, que el acuerdo tiene múltiples fallas judiciales, políticas y socioeconómicas y beneficios que conceden impunidad a las FARC.
En tanto, Santos se reunió ayer en el Palacio de Nariño, sede del Poder Ejecutivo, con senadores, representantes y jerarcas de los partidos de la Unidad (oficialista), Conservador, Liberal, Cambio Radical, Unión Patriótica, Polo Democrático, Alianza Verde y Cambio Radical, con los presidentes del Congreso, Mauricio Lizcano, y de la Cámara de Representantes, Miguel Pinto, y con el equipo de gobierno que negoció con las FARC desde noviembre de 2012, en Cuba.
Lizcano anunció que “todos los partidos afectos al ‘sí’ reunidos con Santos respaldamos al presidente en su propósito de alcanzar la paz. Contamos con el anhelo de todos los colombianos, con la mayoría del Congreso y sabemos que el mandatario mantiene sus facultades legales y constitucionales para alcanzar la paz.
“Respaldamos la decisión de conformar una comisión, amplia e incluyente, que abra un diálogo nacional con todos los sectores del ‘no’”, expuso.
A pesar de que Colombia quedó sacudida por el triunfo del “no”, parece descartada la posibilidad de romper el cese de hostilidades bélicas, reanudar los enfrentamientos armados de un conflicto que estalló hace más de 52 años y protagonizar un retroceso a los más graves escenarios de la guerra.
En un histórico plebiscito el domingo anterior, más de 6.4 millones de colombianos (50.21% de votos) dijo “no” a una pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Más de 6.3 millones (49.78%) contestaron “sí”, según la estatal Registraduría Nacional del Estado Civil. Los resultados finales estaban ayer pendientes, pero el margen entre ambas opciones sigue estrecho
e irreversible.
Aunque cunde la incertidumbre sobre el futuro del país, en especial en pueblos donde ganó el “sí” y que, por estar entre las más azotadas por la guerra, temen un regreso del conflicto bélico, la tranquilidad persiste. Sin embargo, la derrota del “sí” detiene la ejecución del acuerdo, como el desarme y la desmovilización de las FARC y los mecanismos sociales, judiciales, políticos, financieros, económicos y militares.