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La expresidenta argentina Cristina Fernández se presentó el lunes a declarar ante un juez que la investiga por presunta corrupción en la concesión de obras públicas, una de las causas en las que está más comprometida.
Mientras Fernández se encontraba en el tribunal del juez federal Julián Ercolini para responder por las acusaciones de supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cientos de simpatizantes se manifestaron en los alrededores de la sede judicial para mostrarle su apoyo.
"Hemos venido a acompañarla. Creemos que su citación está muy contaminada de intereses políticos cruzados", dijo a The Associated Press Luis D'Elía, titular del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), afín a la exmandataria (2007-2015). El dirigente no consideró probable que Fernández quede detenida y anticipó una gran movilización popular a su favor en caso de que ello ocurriera.
La llegada de la expresidenta a la sede de los tribunales fue estrechamente vigilada por efectivos policiales que quedaron apostados en los alrededores.
Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques ampliaron recientemente la acusación contra la exdirigente peronista a partir de nuevas pruebas sobre el supuesto otorgamiento discrecional de obras a Austral Construcciones, la empresa que dirigía en la sureña provincia de Santa Cruz el empresario Lázaro Báez, uno de los más allegados a Fernández y su fallecido marido y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).
Báez está actualmente detenido acusado de lavado de dinero y otros delitos.
Al ser consultado por la situación de Fernández, el presidente Mauricio Macri afirmó que "los argentinos queremos que no haya más impunidad y que se sepa qué es lo que pasó en torno a todas las denuncias que hay".
"La justicia tiene que actuar en forma independiente, nosotros no nos metemos", dijo Macri a periodistas respecto de las distintas causas judiciales que afronta la exmandataria.
Los fiscales de la causa han imputado a otros ex funcionarios de las administraciones de los Kirchner, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Los fiscales denunciaron una operatoria criminal "por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública... se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Báez por más de 16.000 millones de pesos (poco más de mil millones de dólares)". Varias de esas obras, como carreteras, nunca fueron terminadas.
Fernández afirmó el domingo que la obra pública que se realizó durante su gobierno "tuvo una distribución horizontal" al rechazar que le concediera a Báez obras viales sin control alguno.
Afirmó que otros grupos empresariales como Techint obtuvieron muchas más obras que el de Báez.
Una vez finalizada la indagatoria el juez dispone de 10 días para decidir si procesa a Fernández, le dicta la falta de mérito por entender que no hay pruebas suficientes que la involucren o la sobresee.
Fernández fue procesada en mayo por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron perjuicio económico al Estado. Desde entonces, el cerco judicial se fue estrechando en torno a ella en otras pesquisas en las que aparece como sospechosa de maniobras irregulares incompatibles con la función pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
jlcg
