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Caracas.— El jefe de la bancada chavista en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Héctor Rodríguez, introdujo ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) un recurso de nulidad contra el Poder Legislativo para que determine la supuesta ilegalidad de los actos del Parlamento venezolano.
Al mismo tiempo, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo que él y otros mandatarios de Latinoamérica solicitarán hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cartagena, durante la Cumbre Iberoamericana, la aplicación de la Carta Democrática, que contempla la suspensión de países que no cumplen ciertos parámetros de gobernabilidad. También pedirán que se active un “operativo de ayuda humanitaria” para la nación sudamericana.
De acuerdo con el diputado Rodríguez, pidieron al TSJ “que determine la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los actos de la Asamblea Nacional”. Según él, la Asamblea está obligada a acatar la sentencia del Supremo venezolano y, debido a que está en una situación de desacato, “ninguno de sus actos son válidos”, incluyendo la citación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para el próximo martes.
Ayer mismo, el TSJ dejó sin efecto una investigación parlamentaria por presunta malversación de unos 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.
El Parlamento, de mayoría opositora, acusó el pasado domingo a Maduro de haber roto el hilo constitucional y lo citó a comparecer el martes 1 de noviembre para que “responda todas las argumentaciones y acusaciones” presentadas en su contra. Para hoy está convocada, además, una huelga nacional de 12 horas.
El gobierno advirtió que las empresas del sector agroindustrial y farmacéutico que secunden la huelga serán “recuperadas por la clase obrera”, y ayer funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia rodearon la sede principal de Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país.
La Asamblea continuó ayer el juicio político contra Maduro, con un desfile de testimonios de supuestas víctimas de abusos a los derechos humanos. “Lo hago responsable, señor Nicolás Maduro, de todo lo que hoy sucede en nuestro país”, dijo al borde de las lágrimas Brigit Duarte, madre de un joven que murió en una operación policial para combatir la delincuencia.
Otros testigos acusaron al mandatario de responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales durante redadas policiales, de muertes de niños en hospitales mal equipados y por negarse a recibir ayuda humanitaria en un país que sufre escasez de medicinas y alimentos.
Horas antes de arrancar la sesión, diputados denunciaron que les cortaron el fluido eléctrico. Además, grupos de choque partidarios del gobierno impidieron que varios diputados ingresaran al Parlamento e, incluso, agredieron a algunos políticos, por lo que tuvieron que ser protegidos por miembros de la Guardia Nacional.
En este contexto, el chavismo anunció que se movilizará el 3 de noviembre hasta el palacio presidencial para defender la revolución y al presidente Maduro, justo el mismo día que la oposición convocó una marcha al mismo destino para exigir un referéndum revocatorio contra el mandatario.
