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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que el salario mínimo, que perciben la mayoría de los trabajadores del país caribeño, subirá "de manera integral un 40 % a partir del próximo 1 de noviembre.
Este es el cuarto ajuste hacia el alza que el Ejecutivo ordena en lo que va de año, tiempo en el que se ha profundizado la crisis económica en la nación petrolera, con una disparada inflación que cerró 2015 en 180 % y se ha agudizado en 2016.
Maduro explicó que, con este último aumento del 40 %, en el conjunto del año se ha incrementado el salario mínimo en un 454%.
La medida incidirá en el dinero que perciben los trabajadores mensualmente que pasará de 22.576 a 27.092 bolívares, así como en el beneficio de alimentación que subirá de 42.480 a 63.720 bolívares.
De esta forma, millones de empleados del sector público y privado en Venezuela tendrán derecho a un ingreso integral de 90.812 bolívares por mes, equivalentes a unos 138 dólares de acuerdo a la tasa oficial de cambio más alta, que se sitúa actualmente en cerca de 650 bolívares por cada dólar estadounidense.
Maduro también indicó que este aumento se aplicará a los pensionados y jubilados, unas tres millones de personas, según el Gobierno, que no perciben el beneficio de alimentación por lo que la pensión -igual para todos los pensionistas- se situará en 27.092 bolívares (cerca de 41 dólares).
Además, todas las tablas salariales de empleados públicos del país que están fuera del sueldo mínimo subirán un 20 %, agregó el jefe de Estado.
Venezuela enfrenta una compleja crisis económica dominada por la inflación y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, mientras los trabajadores se quejan de que los precios se incrementan con mayor rapidez que los salarios.
Estos anuncios del Ejecutivo se producen un día antes de una huelga general de 12 horas convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para presionar por un cambio político en el país.
La mayor patronal de Venezuela, Fedecámaras, ha alertado que estos aumentos anunciados "de manera inconsulta" por el Ejecutivo puede llevar a reducir los puestos de trabajo y al cierre de empresas que no puedan afrontarlos.
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