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El veterano jefe de policía del área metropolitana de Phoenix, Joe Arpaio, fue acusado formalmente el martes de desacato criminal a la corte por no obedecer la orden de un juez en un proceso por encasillamiento racial.
Los fiscales prometieron hace dos semanas que procesarían a Arpaio.
Pero el acta acusatoria por delito menor no fue presentada oficialmente contra el funcionario de 84 años sino hasta que la jueza federal de distrito Susan Bolton la firmó.
Arpaio, quien busca en las elecciones del 8 de noviembre su séptima reelección, podría ser sentenciado a hasta seis meses de cárcel si es declarado culpable. Una condena por delito menor no prohibiría a Arpaio prestar servicio como jefe de policía.
Los cargos en su contra se desprenden de un proceso por encasillamiento racial que Arpaio perdió hace tres años, el cual se transformó en un caso de desacato a la corte después de que el jefe de policía fue acusado de desafiar una orden de la corte de 2011 para que dejara de realizar sus distintivas operaciones policiales contra la inmigración ilegal.
Arpaio admitió que violó la orden del juez federal de distrito Murray Snow, pero insiste en que su desobediencia no fue intencional.
Snow no estuvo de acuerdo en su argumentación y determinó que Arpaio continuó realizando los patrullajes a sabiendas de la violación porque creía que sus esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración le ayudarían en su campaña de reelección de 2012.
La oficina del jefe de policía dijo el martes a The Associated Press que el abogado de Arpaio, Mel McDonald, haría posteriormente declaraciones sobre la acusación, pero éste no respondió de inmediato la solicitud de comentario.
Arpaio transmitió la semana pasada por televisión un anuncio político en el que dijo que el Departamento de Justicia federal planeaba procesarlo debido a su oposición a sus esfuerzos en materia de inmigración.
Los contribuyentes del condado han gastado hasta ahora 48 millones de dólares para defender a Arpaio y a su oficina en el juicio por encasillamiento racial. Se prevé que el costo llegue a 72 millones el próximo año.
El caso de desacato llevó al juez a ordenar la creación de un sistema financiado por los contribuyentes para compensar a los hispanos que fueron detenidos ilegalmente cuando Arpaio violó la orden de dejar de realizar sus operativos policiales.
Funcionarios del condado Maricopa han apartado un millón de dólares para financiar tal sistema.
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