Washington.— La organización Human Rights Watch (HRW) urge a que haya una “fuerte presión internacional”, en particular de la región, para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tome “medidas inmediatas” para abordar la “profunda crisis humanitaria” que hay en Venezuela.
La organización de defensa de los derechos humanos presentó ayer el informe “Crisis humanitaria en Venezuela”, realizado por un equipo que entrevistó a más de 100 personas y visitó hospitales públicos.
“El gobierno venezolano ha parecido más rotundo en negar la existencia de una crisis humanitaria que en trabajar para resolverla”, enfatizó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco alertó: “El gran deterioro que hemos podido comprobar es de niveles típicos de otras regiones del mundo, fundamentalmente de países en guerra”.
Para elaborar el informe, en el que denuncia la “grave escasez” de medicinas y alimentos en Venezuela, así como la respuesta “inadecuada y represiva” del gobierno, HRW entrevistó a profesionales del sector sanitario, pacientes con distintas enfermedades, personas que hacían fila en supermercados para comprar, defensores de derechos humanos y ex detenidos por protestar contra la escasez, además, visitó ocho hospitales públicos.
Vivanco señaló que “sin una firme presión internacional, sobre todo de la región, es altamente improbable que el gobierno de Maduro tome medidas para enfrentar la crisis humanitaria que sufre Venezuela y, en tal caso, sus gravísimas consecuencias sólo se agravarán".
Por ello, en su informe de 67 páginas, HRW considera necesario que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) mantengan “una supervisión estrecha y continua” de la situación. Por su parte, el gobierno venezolano “debe tomar medidas inmediatas y urgentes para articular y llevar a cabo políticas eficaces para abordar la crisis, incluido pedir ayuda humanitaria internacional”.
Urgió a Maduro a “dejar de intimidar y castigar a los críticos”, e indicó que el mandatario ha atribuido la escasez a una “guerra económica” en su contra, orquestada por “la oposición política, el sector privado y potencias extranjeras”.