Familiares de desaparecidos celebraron el martes que el Vaticano y la Iglesia Católica argentina hayan finalizado la catalogación de sus archivos sobre la dictadura militar, que podrían arrojar luz sobre el destino de miles de personas y la supuesta complicidad de la jerarquía eclesiástica con la represión.
A su vez afirmaron que este es un primer paso y que esperan acceder a toda la información sobre ese oscuro periodo.
El Vaticano y la Iglesia argentina anunciaron en un comunicado conjunto que el proceso de catalogación de los archivos ha concluido y que serán puestos a disposición de las víctimas que desde hace años acusan a la institución religiosa de complicidad. Pero no precisaron cuándo esos documentos estarán disponibles.
Ángela de Boitano, que perdió dos hijos durante el último régimen de facto en Argentina (1976-1983), se mostró conforme con el cumplimiento de la promesa que el mismo papa Francisco le había hecho durante un encuentro en el Vaticano en 2015.
"Pasa como con todos los archivos, la mayoría tiene las denuncias que hacíamos nosotros, como las cartas que enviábamos al Vaticano, pero a lo mejor sí que hay datos reveladores y pueden ayudar en los juicios" contra los represores, señaló a The Associated Press de Boitano, titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
La mujer, de 85 años, agregó que durante aquella conversación le había pedido al pontífice la "apertura total de los archivos". "Realmente le creí... con Juan Pablo II nunca tuvimos satisfacciones en cuanto a los pedidos, nunca nos recibió como familiares de desaparecidos", explicó.
En 1979 de Boitano intentó sin éxito que el entonces papa Juan Pablo II la recibiera en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se reunía en Puebla, México.
En su último informe de 2015 la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina indicó que 7.636 personas fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en la dictadura, aunque reconoció que esa cifra no representa la totalidad. Organizaciones de derechos humanos sostienen que fueron al menos 30.000 los desaparecidos entre obreros, sindicalistas, estudiantes y disidentes políticos.
El comunicado indicó que la decisión de abrir los archivos se tomó por instrucción directa del papa Francisco, que es argentino, "al servicio de la verdad, la justicia y la paz". Se trata de documentos de la Secretaría de Estado del Vaticano, su nunciatura en Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
De acuerdo con un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos los familiares de los desaparecidos, personas que sufrieron la persecución y los superiores de los religiosos.
"No hay que tenerle miedo a los archivos. La verdad siempre ilumina", dijo a periodistas el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Explicó que el ordenamiento de los archivos había comenzado tiempo años atrás en el seno de la Iglesia argentina.
Al respecto monseñor José María Arancedo, titular de la CEA, señaló que se ha culminado "un trabajo que el episcopado comenzó en noviembre de 2012, impulsado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, cuando nos comprometimos a avanzar en la búsqueda de antecedentes y realizar aportes a la justicia".
Agregó que, una vez elegido papa en 2013, Francisco pidió desarrollar el mismo trabajo en la Santa Sede.
El material catalogado incluye unos 3 mil documentos, muchos de ellos cartas de personas que buscaban a sus seres queridos dirigidas a la Iglesia local y al Vaticano, así como las respuestas obtenidas.
Poli explicó que la CEA gestionará los pedidos de los familiares de víctimas que requieran información y que responderá a los mismos recurriendo a los archivos propios, los de la nunciatura apostólica y los del Vaticano.
"Es un día importante porque es el inicio de una nueva etapa... Pero falta mucho camino por recorrer", dijo a AP Dora Salas, secuestrada durante la dictadura, al preguntarse por el contenido de otros archivos como el militar.
Monseñor Arancedo había explicado previamente que "no hay un archivo centralizado" y que, además del que tiene la CEA, organismos como congregaciones religiosas o parroquias poseen los propios que también deberían ser sometidos al mismo proceso de catalogación.
Muchos jerarcas eclesiásticos eran estrechos aliados del régimen militar y han sido acusados de complicidad por defensores de derechos humanos.
Francisco fue el superior de los jesuitas durante la dictadura y posteriormente fue arzobispo de Buenos Aires.
El papa ha recibido críticas por no pronunciarse públicamente sobre las atrocidades pero también se le atribuye haber salvado varias vidas al dar refugio en el seminario a los perseguidos por el régimen y ayudarlos a salir del país.
jlcg