Caracas.— El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó ayer durante una sesión especial un acuerdo en el que declaró “la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado” a la Constitución de ese país, “cometido por el régimen de Nicolás Maduro” y de los poderes Judicial y Electoral, razón por la cual podría llevar a juicio político al mandatario.

“Daremos los implementos para que comience hoy [ayer] una sesión para llevar a un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro, para ver cuál es su responsabilidad en el quiebre constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país”, indicó el diputado opositor Julio Borges.

Los parlamentarios venezolanos acordaron solicitar a la comunidad internacional “la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela” y formalizarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), en contra de los jueces regionales y rectoras del Poder Electoral, a quienes catalogaron como “responsables” de la suspensión del proceso de referéndum presidencial impulsado para revocar este año al presidente Maduro.

La cámara pidió iniciar un proceso para determinar la situación constitucional de la presidencia de Venezuela.

Alegan que existe una investigación sobre “la probable doble nacionalidad” de Maduro y que tienen “razones fundadas” para determinar el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia. Para ello se convocó a una sesión especial el próximo martes, en la que pretenden “evaluar y decidir” sobre el tema.

El Parlamento exige a las Fuerzas Armadas de Venezuela “no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales” y convocó a la ciudadanía a “la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional”.

Señalan que una decisión de demandar a Nicolás Maduro podría profundizar la crisis constitucional en Venezuela, pero difícilmente podría prosperar, debido a que el gobierno controla las cortes y las principales instituciones del país.

El pasado jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso el plebiscito en contra de Maduro, prácticamente eliminando la posibilidad de que éste se celebre antes del 10 de enero de 2017.

De realizarse el referéndum después de esa fecha, no sería necesario celebrar nuevas elecciones, ya que sería el actual vicepresidente, Jorge Arreaza, quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando de esta manera la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019. Por esa razón, la oposición asegura que el CNE ha dilatado a propósito la consulta popular.

El Poder Electoral pospuso el proceso hasta una próxima orden judicial, acto que la oposición califica de “golpe de Estado” y por lo que hicieron un llamado a los venezolanos a realizar actividades de calle, con las que esperan que se pueda “restituir el hilo democrático” que, aseguran, violentó Maduro al bloquear el camino hacia el plebiscito.

La sesión del Parlamento fue interrumpida momentáneamente por el ingreso de seguidores del gobierno a la sede del Palacio Legislativo, pero la situación fue controlada y el debate se reinició minutos después.

Decenas de manifestantes con camisas rojas, que protestaban fuera del congreso desde horas antes, irrumpieron en el recinto por la tarde. Los legisladores se apartaron mientras los chavistas avanzaban y entonaban cánticos en apoyo al gobierno.

No estaba claro cómo los manifestantes pudieron irrumpir en el edificio, que está rigurosamente vigilado.

El líder socialista Jorge Rodríguez pidió que se retiraran, y los protestantes lo hicieron después de varios minutos. La sesión especial se mantuvo suspendida mientras los líderes opositores trataban de restablecer el orden. El diputado Luis Florido y algunos usuarios de redes sociales reportaron que al menos hubo dos heridos con golpes en la cabeza durante el incidente.

La bancada oficialista calificó a la sesión de un “refrito de un circo malo” y un “ridículo”.

El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del partido oficialista PSUV, señaló: “No es una facultad de la Asamblea Nacional lo que ustedes hoy están planteando y lo saben. Ustedes quieren dar un golpe de Estado”.

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