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Un acuerdo suscrito el 15 de octubre pasado por el gobierno de Nicaragua y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y cuyos detalles fueron difundidos ayer, oxigenó al presidente Daniel Ortega y abrió negociaciones diplomáticas que continuarán tras los comicios generales del próximo 6 de noviembre, catalogados como una farsa por la oposición política nicaragüense.
Tras reunirse el jueves de esta semana en Managua, emisarios del gobierno y de la OEA reconfirmaron el acuerdo para instalar un “mecanismo de conversación e intercambio” sobre las elecciones.
Según el pacto del 15, “la referida mesa” de diálogo, con tres delegados de cada parte, inició sus pláticas el 20 y “posteriormente” dos veces al mes en Managua o en Washington. El gobierno y la secretaría emitirán un “informe conjunto” en tres meses—15 de enero de 2017—pero “de no existir acuerdo para la presentación del informe cada parte presentará su propio informe”, precisó.
“Ortega está ganando tiempo”, dijo el nicaragüense Eliseo Núñez, uno de los 28 diputados opositores despojados de su credencial en julio de este año en una maniobra del gobernante.
Al advertir que los tres meses vencen cinco días después de que asuma el gobierno que salga electo en noviembre, Núñez declaró a EL UNIVERSAL que “habrá que ver si la OEA valora a esas alturas (de enero próximo) si hay suficientes avances como para darle un reconocimiento al nuevo gobierno. Sería un reconocimiento tácito a partir del 10 de enero”.
“Hay un aumento del presupuesto del Consejo Supremo Electoral para 2017, lo que indica que Ortega va a buscar algún tipo de solución electoral. Los rumores en Nicaragua dicen que Ortega estaría buscando (convocar a) una Asamblea Nacional Constituyente. Definitivamente por el momento aparenta que el acuerdo (con la OEA) es un arreglo que beneficia a Ortega, pero tendríamos que esperar cuanto Ortega va a ceder en esto”, alegó.
El presidente, quien asumió en 2007 y se reeligió en 2011 para un segundo quinquenio a partir de 2012, logró un fallo judicial en junio de este año que despojó a la oposición de su representatividad legal. Con ese dictamen, en julio se registró la sustitución de los 28 y el mandatario —quien rechaza las acusaciones de que quiere convertirse en dictador— asumió mayor control legislativo, aparte del que tiene en los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral y el mando en Ejército y Policía.
Sin sustento jurídico, la oposición fue excluida de los comicios del mes entrante, en los que Ortega es seguro ganador para una segunda reelección consecutiva como candidato por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, con su esposa, Rosario Murillo, como aspirante vicepresidencial. Los partidos opositores que compiten son débiles y se les acusa de estar al servicio del mandatario.
La Coalición Nacional por la Democracia, bloque opositor excluido de las elecciones, reiteró esta semana que los comicios son una farsa y demandó anularlos, reorganizarlos y llamar a una nueva contienda.
