Bogotá.— La guerrilla de las FARC descartaron ayer reunirse con delegados del ex presidente Álvaro Uribe para analizar las objeciones del partido de derecha radical Centro Democrático al acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano, que está en suspenso desde que fue rechazado en un plebiscito, el pasado 2 de octubre.
La reunión entre el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el abogado español Enrique Santiago, y los dirigentes “uribistas” Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque, estaba prevista para ayer, aquí, pero fue cancelada desde La Habana, donde permanecen los jefes de la organización armada.
Según las FARC, su interlocutor en el proceso de paz es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y es a través del Ejecutivo que se deben plantear las objeciones de la oposición al acuerdo de paz.
El gobierno y las FARC suscribieron el acuerdo el 26 de septiembre, tras casi cuatro años de negociaciones, pero el proceso quedó en suspenso el 2 de octubre, cuando fue rechazado por una estrecha mayoría de votantes en un plebiscito.
Santos convocó entonces a todas las fuerzas políticas para tratar de salvar el acuerdo que busca terminar con 52 años de confrontación armada, especialmente al Centro Democrático, el partido que dirige Uribe y que encabezó la campaña para que el pacto fuera rechazado.
El gobierno dijo que reuniría las propuestas de los promotores del “no” en el plebiscito para presentárselas a las FARC. Aunque el gobierno autorizó un encuentro directo entre las FARC y los opositores, el grupo guerrillero fue el que a último momento dijo que la única interlocución que tiene en torno al acuerdo ya firmado es con el Ejecutivo. Uno de los negociadores de las FARC, Félix Muñoz, más conocido con el alias de Pastor Alape, tuiteó: “Hay que escuchar, pero no legitimar a saboteadores”.
Los promotores del “no” ya presentaron sus objeciones al gobierno, que las trasladará en los próximos días a La Habana para que las FARC las analicen. Una de ellas, que Santos llama “inviable”, es eliminar la creación de un sistema de justicia transicional para que los guerrilleros y miembros de la fuerza pública sean juzgados y castigados con penas que no necesariamente se pagarán en cárceles.