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Honduras volvió a ser golpeada por la violencia política, con los asesinatos a balazos de dos dirigentes campesinos hondureños en un ataque de sicarios que prolongó una cadena de impunidad de más de 170 homicidios por disputas de tierras con poderosos e influyentes latifundistas desde 2010 y agravó la crisis social en uno de los países más inseguros del mundo.
Los hondureños José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y Dilmer Dionicio George, miembro de ese grupo, fueron asesinados cerca de las 18:00 horas del martes por pistoleros con pasamontañas en La Confianza, poblado de la ciudad de Tocoa, del nororiental departamento de Colón, confirmaron fuentes oficiales.
En otro acto criminal, el periodista hondureño Ricardo Matute, de la televisión nacional, fue herido de un balazo ayer en la madrugada en una cobertura periodística cerca de una brigada militar en San Pedro Sula, capital del norteño departamento de Cortés, y convalece en un centro médico.
El (estatal) Comisionado de Derechos Humanos de Honduras condenó las muertes de los campesinos y el ataque al periodista y recordó que Flores tenía “medidas cautelares” de protección pedidas al Estado hondureño por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Flores murió de inmediato y George en un hospital de Tocoa, principal ciudad de ese departamento conmocionado desde finales de 2009 por un conflicto agrario que estalló cuando unos 5 mil campesinos hondureños se apoderaron de unas 11 mil hectáreas de palma africana, en la conflictiva región del Bajo Aguán.
Viejo pleito. En un informe del 9 de diciembre de 2009, el MUCA alertó que el lío es por “la legalidad de las tierras” de los empresarios hondureños Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales y que ese día “decidimos recuperar” esos terrenos. Facussé murió en 2015 y su sobrino, Carlos Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002.
Al alegar de que, por una reforma agraria de la década de 1980, esas tierras son de su propiedad, pese a cambios legales de hace 25 años, los campesinos han denunciado el asedio paramilitar y parapolicial de la contraparte, en una pugna con unos 170 muertos entre campesinos (unos 150) y de la seguridad de los terratenientes.
El embajador estadounidense en Honduras, James Nealon, repudió “enérgicamente” el asesinato de Flores, ocurrido más de siete meses después del homicidio de la hondureña Berta Cáceres, activista indígena, de derechos humanos, feminista y ambientalista involucrada en una campaña contra la instalación de una hidroeléctrica. Al condenar “este deplorable crimen”, Nealon pidió, a nombre de Estados Unidos, “una pronta y exhaustiva investigación” para castigar a los responsables.
La inseguridad atrapa a Honduras, que cerró 2015 con una tasa anual de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes y en el primer semestre de 2016 acumuló una tasa parcial de 29.4, según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
