Caracas.— Autoridades venezolanas decomisaron ayer un lote de 27 armas de fuego en el estado de Miranda y material con logotipos de la oposición, e investigan posibles vínculos con “ planes desestabilizadores” en contra del gobierno.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo a la estatal Venezolana de Televisión que el hallazgo del material bélico se produjo en el municipio de Chacao, ocho kilómetros al este de Caracas.

El lote constó de 22 armas tipo revólver y cinco escopetas, así como 13 cañones calibre 13, 12 cartuchos de municiones 9 milímetros y un número no determinado de radios portátiles.

Según Reverol, junto con el material se encontraron una serie de panfletos con mensajes y logotipos distintivos de la oposición, así como carnés políticos. “Hay una profunda investigación de este caso para ver si se trata de actos desestabilizadores en contra del gobierno”, afirmó.

El decomiso se produjo durante el allanamiento de la Quinta Rosalito, donde según el funcionario “se efectuaban reuniones de elementos generadores de violencia para desestabilizar el país”. Hay dos detenidos.

La operación se realizó el mismo día en que el líder opositor Henrique Capriles, gobernador de Miranda y principal promotor del referéndum para revocar al presidente Nicolás Maduro, dijo que el gobierno hará “cualquier cantidad de locuras” en las próximas horas, antes de que se cumpla el último requisito para activar la consulta.

“La única forma que nosotros, los que queremos un cambio en el país, no ganemos [en la consulta], es que no participemos, y el gobierno va a hacer todo para incentivar que la oposición no participe”, dijo en rueda de prensa, en la que afirmó que 76.3% de venezolanos quiere que el mandato de Maduro sea revocado este año y aludió a la decisión del Tribunal Supremo que avaló la decisión del Poder Electoral de establecer por estado la recolección del 20% de apoyos necesarios para que se convoque el revocatorio, y no como suma global.

En tanto, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, dijo que una investigación dirigida por su Comisión de Contraloría halló una malversación de unos 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares llevados a cabo entre 2004 y 2014. La pesquisa se enfocó en 11 casos, que van desde un escándalo bancario en Andorra, al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros y el manejo indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de la firma.

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