Bruselas.— Desde que Bruselas le dio a Ankara la llave del candado migratorio de la puerta suroriental de la Unión Europea, las llegadas irregulares de migrantes a la Europa rica han retrocedido exponencialmente.
La Comisión Europea asegura que antes del acuerdo con Turquía, alrededor de mil 740 migrantes cruzaban cada día el mar Egeo buscando llegar a costas griegas. A partir del 21 de marzo, cuando la Gendarmería turca comenzó a ocuparse de los desplazados sirios que cruzan sus fronteras y elevó el control de sus costas para evitar su llegada a Europa, el número se desplomó a sólo 94 personas. Simultáneamente las fatalidades en la región retrocedieron, en 2015 se registraron 270 y desde la aplicación del acuerdo 11.
“El acuerdo entre la UE y Turquía ha resultado en positivos resultados concretos”, aseguró el Comisario Europeo responsable de la cartera migratoria, Dimitris Avramopoulos, en un encuentro celebrado el pasado miércoles con motivo del lanzamiento de un programa de 600 millones de euros para asistir a los refugiados en Turquía.
El triunfante balance de la Comisión contrasta con el que realizaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos de derechos humanos, los cuales advirtieron desde la concepción del acuerdo sobre el peligroso giro de la estrategia europea para contener el éxodo migratorio. Datos publicados por la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), muestran que la UE no resolvió la crisis migratoria, sólo la externalizó.
Se estima que más de 2.7 millones de desplazados sirios se encuentran en Turquía y otros 2.1 millones en Líbano, Jordania y Egipto.
Instancias como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, denuncian que Europa no sólo renegó de sus responsabilidades humanitarias con este acuerdo, además renunció a los valores sobre los que se construyó la Unión Europea. Los retornos en automático de todos los refugiados, incluyendo los sirios, que llegan a costas griegas, constituyen una violación a las garantías que tienen los desplazados en el derecho internacional.
El comisario Dimitris Avramopoulos dice que se están aplicando los estándares indicados, mientras que Vincent Cochetal, director para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sostiene que “ningún sirio devuelto a Turquía ha recibido protección temporal”.
Otra interrogante legal suscitada tiene que ver con haber considerado a Turquía como país seguro, es decir, capaz de ofrecer protección y solución a las exigencias de los deportados.
De acuerdo con John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa, Turquía es incapaz de procesar las solicitudes de asilo; hasta abril pasado había resuelto 4 mil de los 266 mil casos registrados por ACNUR desde 2015. Tampoco puede responder a las necesidades legales de los desplazados sirios.
La convención de refugiados fue adoptada por el país tras la Segunda Guerra Mundial y sólo concede esta categoría a los ciudadanos europeos, por lo que víctimas de conflictos, como iraquíes y sirios, están excluidas.
El gobierno además carece de la capacidad para acomodar a todos los refugiados; apenas 10% de los sirios están albergados en campamentos oficiales establecidos en las provincias del sur; el resto se ve obligado a buscar su propio refugio.
A esto habría que añadir que se trata de una autocracia que abusa de sus poderes, coacciona la libertad de expresión y no respeta las garantías individuales; la región kurda prácticamente se encuentra en estado de excepción. “Este acuerdo es irresponsable e ilegal”, resume Dalhuisen.
A pesar de los cuestionamientos, Maarten Verwey, enviado de la UE a Grecia para monitorear la implementación, insiste en que “el acuerdo funciona” y está convencido de que pese al terremoto político causado por el fallido golpe de Estado de julio pasado, continuará rindiendo frutos.
“Todo mundo tiene bastantes intereses en juego en este acuerdo para que no tenga éxito”, señala Verwey.
El mandatario turco Recep Tayyip Erdogan sacó rédito político aceptando la tarea de proteger las fronteras externas de la UE.
Cuando más retrocedía en sus estándares democráticos, Turquía fue premiada con 6 mil millones de euros para atender a los asilados. Además revivió dos viejas aspiraciones: la posible exención progresiva de visados y avanzar con el proceso de adhesión, dos promesas que hasta ahora están prácticamente paralizadas, pero que han servido en la campaña mediática del régimen de Erdogan para sumar apoyo en casa y hacer avanzar su agenda.