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Nicaragua entró ayer a una carrera contra el tiempo por la credibilidad de los comicios del próximo 6 de noviembre, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno del presidente Daniel Ortega aceptaron iniciar “conversaciones”, mientras la oposición volvió a exigir anular el actual proceso electoral y convocar a una consulta popular que sea libre y transparente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno de Ortega anunciaron el domingo anterior, por separado, que iniciarán un “mecanismo de conversación e intercambio” sobre las elecciones.
El gobierno informó que será un proceso “en respeto y comunicación constructiva”. Ni la OEA ni el gobierno fijaron fecha de inicio de ese diálogo o si será antes o después de las elecciones, pero fuentes políticas nicaragüenses revelaron que hay un factor crucial: que el organismo castigue a Nicaragua por impedir que la oposición compita en los comicios y le aplique las sanciones económicas y políticas de la Carta Democrática Interamericana, emitida en 2001.
La Coalición Nacional por la Democracia, bloque opositor excluido por Ortega de las elecciones con maniobras judiciales y legislativas, reiteró ayer que el actual proceso es una farsa y demandó anularlo, para reorganizarlo y llamar a uno nuevo.
Ante el diálogo de Ortega con la OEA, “advertimos sobre la posibilidad de maniobras, promesas huecas, mecanismos para evitar la crítica internacional y anuncios demagógicos” tras el 6 noviembre, alertó. El riesgo es que surja “toda forma de engaño que puede intentar Ortega dentro de estas conversaciones, para lograr su objetivo” de mantenerse cinco años más en el poder “sin ninguna esperanza de cambio”, añadió.
La opositora Violeta Granera, ex candidata a la vicepresidenta por la coalición, dijo que “la gestión de la OEA tampoco es perder tiempo. Ortega está en problemas”. Los comicios quedaron marcados con dos decisiones que decapitaron este año a la oposición, que fue despojada en junio de su representación legal y en julio de 28 de sus diputados para sustituirlos por políticos afines al gobierno.
Ortega rechazó entonces la observación electoral de la OEA por considerarla como “sinvergüenza”.
