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Bogotá.- En dos citas secretas en 1998 que tuvo en Costa Rica con un emisario del gobierno de Estados Unidos, el guerrillero colombiano Raúl Reyes, segundo al mando en las FARC, admitió que esa insurgencia se financiaba con un “impuesto” cobrado a los narcotraficantes y alertó que la cocaína “es la única exportación agrícola en la cual Colombia tiene una ventaja competitiva en el mercado mundial”.
Los detalles de las reuniones de un jerarca de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que murió el 1 de marzo de 2008 en un ataque del ejército colombiano a un campamento rebelde en Ecuador y el diplomático Phillip Chicola, entonces director del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Andinos, aparecen en un memorándum del diplomático al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Las reuniones se realizaron el 13 y el 14 de diciembre de 1998 en la capital costarricense. El memorándum fue desclasificado por el Departamento de Estado.
En el segundo día, Reyes lanzó una frase clave, narró Chicola. “Desafortunadamente, dijo él, esta es la única exportación agrícola en la cual Colombia tiene una ventaja competitiva en el mercado mundial”, relató.
Reyes insistió en que sería más beneficioso que el dinero que Washington otorgaba a Bogotá para combatir al narcotráfico fuera invertido en desarrollo alternativo, reportó el diplomático.
Reyes, añadió, llegó a la cita con, Olga, de quien dijo que aparentemente “ha vivido” en México y Costa Rica, esposa del guerrillero e hija de Manuel Marulanda, Tirofijo, líder y cofundador de las FARC y quien murió el 26 de marzo de 2008.
“Los dos proclamaron que las FARC aborrecían el comercio de drogas y que no estaban envueltas en eso”, detalló Chicola. “Cuando se les presionó, admitieron que recaudaban impuestos”, pero que tampoco lo cobraban a “los pequeños productores [de coca], pero si a los intermediarios que los barones de la droga enviaban a los pueblos de la jungla a comprar coca”, describió.
El impuesto fue descrito por ambos como el que Robin Hood imponía a los ricos de la Inglaterra del Siglo XIV para defender a los oprimidos, contó.
La cita con el alto diplomático para América Latina de la administración del presidente Bill Clinton (1993-2001) fue gestada por el político colombiano Álvaro Leyva, asilado en Costa Rica desde abril de 1998, para dialogar sobre paz, narcotráfico, paramilitares, corrupción policial y militar, secuestros, asesinatos y otros factores de la guerra en Colombia. Leyva vive ahora en Bogotá.
A las FARC, que se aprestan a firmar mañana en Cartagena de Indias un acuerdo de paz con el gobierno colombiano para poner fin a 52 años de guerra, se les acusa de narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otros negocios ilícitos pero sus jefes han desmentido reiteradamente esas acusaciones.
“Las FARC de hoy son distintas a las del pasado”, dijo la politóloga colombiana Marcela Prieto, directora de la revista Foro Semana, de esta ciudad. “No son unas monjas de la caridad”, advirtió, al recordar en una entrevista con EL UNIVERSAL que esa guerrilla surgió en 1964 por causas “justas” para “combatir al modelo oligárquico reinante”.
Mapa. Un documental de Cablenoticias, canal televisivo de esta ciudad, precisó que de los mil 113 municipios colombianos, las FARC tienen presencia en 281 y, de estos, en 173 operan también organizaciones criminales y en 190 existen economías ilegales, como las de los cultivos de hoja de coca y de marihuana. De cobrar impuestos pasaron a operar el narcotráfico.
Prieto aclaró que aunque tampoco “son un grupo 100% delincuente, las FARC de hoy han estado vinculadas al narcotráfico y eso es una realidad. Han tenido un control territorial en el negocio del narcotráfico”.
“No es sólo una fuente de financiación para su causa, sino que ha habido un segmento importante en los mandos medios de las FARC que están vinculados, duro y puro, al negocio del narcotráfico. No es sólo cobrar impuesto. Obviamente hay un factor importantísimo en la estructura actual de las FARC que está vinculado al crimen organizado”, aseveró.
“No podemos desconocer que las FARC son un actor político que ha incurrido en actos que van contra la política antinarcóticos hoy vigente. Han cometido narcotráfico. Cuando una persona comete un delito es delincuente. ¿Dónde están los recursos [de las FARC] provenientes del narcotráfico y de la extorsión?”, adujo.
Según la politóloga, “el temor” de Washington es que esos recursos salgan para financiar las campañas políticas de las FARC. “Su preocupación no es la participación política de las FARC pero saben que esa plata es un problema”, explicó.
Un ingrediente del acuerdo de paz es el narcotráfico y otro es el sometimiento a la justicia de los miembros de las FARC, por lo que una duda que cunde en Colombia es si el contrabando de drogas es un delito conexo al delito político y si los guerrilleros que son narcotraficantes pueden acogerse a los beneficios judiciales de la paz.
