Bogotá.— Terminado el proceso de paz con las FARC, el Estado colombiano afrontará el reto de dar protección a sus antiguos enemigos, consciente de que un error en ese frente pondría en la cuerda floja los acuerdos que se negociaron desde 2012.
La principal preocupación es que alguno de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sea blanco de un ataque una vez que los representantes del grupo se adentren en la actividad política legal.
El abogado Eduardo Montealegre, hasta hace poco fiscal general, considera que uno de los grandes problemas del posconflicto puede ser una “guerra sucia” de sectores de extrema derecha. Existen precedentes: en los años 80 y 90 un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), prácticamente fue aniquilado por ataques de grupos paramilitares que no aceptaron los primeros acercamientos entre el Estado y las FARC.
El primer proceso de paz con las FARC fue encabezado por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El diálogo avanzó hasta una tregua bilateral y la conformación de un partido político, la UP, en el cual tenían representación los desmovilizados de las FARC.
Pero las negociaciones se rompieron por acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua y por los ataques paramilitares contra la UP, que en poco tiempo perdió asesinados a cerca de 5 mil miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.
Uno de los dirigentes de la UP que llegó entonces al Congreso fue Luciano Marín, quien en medio del exterminio de su partido volvió a la clandestinidad bajo el alias de Iván Márquez y en el actual proceso de paz fue el jefe del equipo negociador de las FARC.
El presidente Juan Manuel Santos asegura que eso no ocurrirá esta vez porque el país ha cambiado y hay más tolerancia. “La posibilidad de que eso se repita es prácticamente nula”, dice.
Los miembros armados de las FARC, entre 7 mil y 8 mil, se concentrarán tras la firma de la paz en 27 sectores específicos durante máximo medio año, tiempo durante el cual prepararán su reincorporación a la vida legal y entregarán las armas, protegidos por unos 12 mil militares y policías. Después, los jefes de las FARC dispondrán de esquemas especiales de seguridad.
Desde comienzos de los años 90 hasta ahora, son cerca de 58 mil ex integrantes de grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares, los que han entregado sus armas. Uno de los procesos de paz más exitoso fue el que protagonizaron el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), a pesar de que pocas semanas después de la firma del acuerdo final fue asesinado Carlos Pizarro, cuando era el candidato presidencial de ese grupo.
El M-19 alcanzó a tener cierta simpatía en las clases populares, a diferencia de lo que históricamente ha ocurrido con las FARC. Y ese es otro problema. Para el catedrático de Ciencias políticas de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, los jefes de las FARC no tendrán una tarea fácil en la vida política por la impopularidad que siempre han tenido a nivel nacional.
“En Colombia había condescendencia y simpatía por el M-19, pero ese movimiento como colectividad desapareció y con las FARC sería peor. Si el M-19 desapareció, un partido político que surja de las FARC tendría menos esperanza de vida”, sentenció en entrevista a principios de este año.