La pena de muerte, abolida en Turquía en 2004, no podrá ser restaurada, por mucho que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, abogue por ella, aseguró hoy el dirigente de la oposición socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu.
En una entrevista al diario "Hürriyet", Kiliçdaroglu recordó que, en su discurso ante la masiva manifestación antigolpista de Estambul del domingo pasado, "el presidente volvió a entrar en el debate de la pena capital, para decir 'traigan la ley, yo la firmo'".
"Sabe que no va a ocurrir o debería saberlo, pero en lugar de calmar al pueblo en este tema lo está atizando", criticó.
Para restaurar la pena capital, en desuso en Turquía desde 1984 y abolida en 2004, sería necesario reformar el artículo 38 de la Constitución, además de denunciar diversos tratados internacionales firmados por el país eurasiático.
La reforma constitucional necesita una mayoría de dos tercios, que actualmente depende del partido socialdemócrata CHP de Kiliçdaroglu, pues el izquierdista HDP se opone rotundamente a la pena capital.
La suma de los diputados del AKP, en el gobierno desde 2002, y la formación derechista MHP, que sí podría alinearse con el planteamiento de Erdogan, sólo alcanza una mayoría de tres quintos, suficiente para llevar el asunto a un referéndum, pero no para firmar la reforma sin más.
Kiliçdaroglu subrayó que, incluso si se restaurara en el futuro, la pena capital no podría aplicarse a los militares detenidos y acusados de causar la muerte de 240 civiles y policías leales al gobierno durante el fallido golpe del 15 de julio pasado.
"El ministro de Justicia debería comparecer y hacer una declaración. Debería decir: 'Incluso si hoy se aprobara la pena de muerte, no podría aplicarse de forma retroactiva, según las normas universales de derecho'", agregó el político opositor.
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