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Brasilia.— El Senado brasileño escuchó ayer por última vez los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y se apresta a dictar hoy la sentencia definitiva.
En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso y tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y, según sondeos que ha publicado la prensa local, decididamente favorable a la destitución. Tomó primero la palabra la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien consideró “probados” todos los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución por haberse saltado las leyes de disciplina fiscal para ocultar agujeros en el presupuesto federal, lo que, a decir de la oposición, exacerbó la recesión.
“El fraude está comprobado” y “los senadores no pueden votar al margen de esa realidad”, declaró Paschoal, quien dijo apoyarse en declaraciones de los testigos escuchados, las “voluminosas pruebas” presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan “todas” las irregularidades.
Paschoal también respondió con vehemencia a la tesis del “golpe” esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar el proceso.
“Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó” en las calles contra Rousseff, indicó en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi 4 millones de personas.
Al cerrar su intervención, la abogada no pudo contener las lágrimas y dijo: “Yo finalizo pidiendo disculpas a la señora presidenta... pido disculpas porque sé que la situación que ella está viviendo no es fácil”. Sin embargo, insistió en que hizo lo que tenía que hacer debido a la crisis política brasileña y en que lo había hecho también por los “nietos” de Rousseff.
Uno de los que votó a favor de la destitución fue el ex presidente Fernando Collor de Mello, destituido él mismo en 1992 por acusaciones de corrupción, y quien denunció la “ceguera económica” y “tozudez política” del gobierno de Dilma.
El abogado defensor, José Eduardo Cardozo, aseguró que se habrá “consumado un golpe” si Rousseff es condenada y culpó de esa “conspiración” a “una élite política y económica”. Según él, las acusaciones “son tan técnicas, tan sofisticadas y tan confusas, que la enorme mayoría de los brasileños no entiende de qué la acusan”.
Cardozo dijo que Dilma “fue acusada” porque fue reelegida en 2014 “afrontando los intereses de aquellos poderosos que querían cambiar el rumbo de Brasil” y porque “facilitó las investigaciones sobre corrupción”.
Detalló que los “derrotados de 2014 se confabularon” con los sectores económicos y entonces “decidieron destituir” a “una mujer incómoda” construyendo “la tesis de irregularidades que no son, que no existen y que no han sido probadas”. El abogado concluyó con emoción su alegato y dijo: “Pido a Dios que si ella fuera condenada, un día un ministro de justicia le pida disculpas. A ella, si estuviera viva, o a sus nietos, si ya hubiera fallecido. Pero que sea, para que la Historia honre a esta mujer”. Palabras similares expresó después ante los periodistas, reiterando, entre sollozos, que “la Historia deberá pedir perdón”.
La salida de la primera presidenta mujer de Brasil, en el cargo desde 2011, se da por sentada. La oposición aseguraba que cuenta con la mayoría de dos tercios (54 votos) necesaria para destituirla. El vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, debe asumir después formalmente la presidencia hasta las elecciones de 2018.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenazó con convocar a su embajador en Brasil si prospera la destitución de Dilma.
