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La destitución definitiva hoy de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil coincidió con las vísperas del primer aniversario de un hecho que sacudió a Centroamérica y provocó otra caída: la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala el 2 de septiembre de 2015 por un millonario caso de corrupción política con una defraudación aduanera.
Aunque ambos casos tienen abismales diferencias judiciales, políticas, económicas y sociales, un elemento común es que los dos apuntan a la falta de transparencia de Pérez Molina y de Rousseff en el manejo de los asuntos públicos, coinciden distintos analistas centroamericanos.
“La falta de transparencia es efectivamente el factor común”, dijo el politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, organización no estatal guatemalteca que representa en Guatemala a Transparencia Internacional, institución global que promueve la honestidad en la gestión pública.
“En muchos países latinoamericanos, desafortunadamente, la corrupción pasó a ser parte del modelo de hacer negocios públicos y privados y, sobre todo, en la relación de ambos. Ese es el modelo que hoy está en crisis: las investigaciones judiciales han descubierto este giro de negocios en donde los recursos públicos se destinan a contrataciones dirigidas a privilegiados del sector privado”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Esto evidentemente generó, a su vez, una puerta giratoria en donde esos contratos después se devolvían con favores de financiamiento político. Ese esquema de poder y de alternancia de poder en muchos países es el que hoy hay que reconstruir con un sistema que no tenga a la corrupción como el incentivo principal”, añadió.
Pérez Molina, quien asumió en enero de 2012 y debió entregar el poder en enero de 2016, está preso desde el 3 de septiembre de 2015, acusado de ser el líder de una estructura criminal—denominada La Línea—que cobró fuertes sumas de dinero para reducir los impuestos de importación de mercancías.
Rousseff, quien inauguró su primer periodo en 2010, inició el segundo en 2015 y quedó destituida de forma temporal en mayo pasado, fue separada definitivamente este miércoles por el Senado de Brasil porque habría manipulado cifras de las finanzas públicas como presunta artimaña presupuestaria para negociar préstamos con fondos estatales.
Para la costarricense Lina Barrantes, directora ejecutiva de la (no estatal) Fundación Arias para la Paz, de esta capital, la destitución de Rousseff era previsible. “Como era de esperarse, se consolidó el golpe de estado en Brasil. Una tragedia: Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Honduras con golpe militar hace unos años. Cada vez menos democráticos, cada día más dictaduras”, lamentó Barrantes, a una consulta de este periódico.
“Estamos en un momento histórico en América Latina en el que hay cada vez más luz sobre la corrupción y la opacidad”, puntualizó, por su parte, el salvadoreño Roberto Rubio, director ejecutivo de la (no estatal) Fundación para el Desarrollo (FUNDE), de El Salvador, que representa en esa nación a Transparencia Internacional.
“Es un mensaje para esos funcionarios, sin importar si son de derecha o de izquierda, que se acostumbraron a la corrupción y a la falta de transparencia y corrupción”, declaró Rubio en una plática con este diario.
Aunque el caso de la ahora ex presidenta brasileña es por ausencia de claridad con las finanzas públicas, recordó que “en el entorno de Rousseff está todo el tema” de la corrupción en la paraestatal Petróleo Brasileiro (Petrobras).
En Petrobras, afirmó, “hay casos importantes de corrupción y se ha ido reduciendo la impunidad porque la justicia ha actuado. Como son tres términos—transparencia, corrupción e impunidad y pese a la transparencia puede haber corrupción—, en el caso de Rousseff ha habido un problema serio de manejos de las cuentas fiscales que amerita la destitución aunque por naturaleza diferente a lo de Petrobras”.
El ejemplo de Brasil con Rousseff es que “el mensaje principal, al menos en El Salvador, va hacia la población de que cuando hay algunos pedazos de instituciones, y digo pedazos porque hay otras que son cómplices, que están combatiendo la corrupción, entonces hay esperanza de que con un poco de institucionalidad y de presión ciudadana se pueden lograr cosas”.
Otro mensaje, adujo, es a los funcionarios “que justamente pasan por el poder y a veces administran el Estado como si fuera su finca. Hay una frase que dice que ‘a todo chumpe (pavo) le llega su Navidad’ o ‘a todo chancho le llega su San Martín’. Se podrán esconder, podrán comprar jueces y obstaculizar la justicia, pero tarde o temprano el brazo de la justicia es largo les alcanzará”.
jlcg
