Una treintena de municipios han decidido mantener en Francia su veto al burkini después de que el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa, lo anulara en uno de ellos, informó hoy el semanario "Le Journal du Dimanche" (JDD), según el cual dos han decidido suprimirlo.
Ese órgano jurídico revocó el viernes la prohibición decretada en Villeneuve Loubet, en la Costa Azul, tras considerar que el porte de ese bañador islámico no suponía en la zona "un riesgo real para el orden público" y que la medida era "una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales".
Su sentencia creó jurisprudencia, porque en caso de que organizaciones humanitarias denuncien cada prohibición ante los tribunales, estos se van a alinear con el dictamen de esa máxima instancia.
Las alcaldías tenían por tanto la posibilidad de suprimir ese veto por iniciativa propia para evitar la previsible oleada de demandas, o de mantenerlo alegando que la situación en su municipio es distinta.
Y solo las alcaldías de Oye Plage, en el norte del país y gobernada por los socialistas, y la de Èze, en la Costa Azul y en manos de los centristas de la UDI, han apostado por esta primera opción, según el recuento del JDD.
El primero en decir que no se iba a adelantar a una sentencia jurídica contra su municipio fue Pierre Vivoni, alcalde socialista de la localidad corsa de Sisco, que lanzó su decreto tras una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí.
Tras el dictamen del Consejo de Estado diversos representantes de la derecha insistieron al Gobierno en que no deje a los alcaldes "desamparados" y promueva una legislación específica, pero el Ejecutivo rechaza por el momento esa posibilidad.
El primer ministro, Manuel Valls, advierte no obstante de que la postura del Consejo no cierra el debate en torno a ese bañador, porque se trata de una cuestión "de fondo" sobre una prenda que, en su opinión, "no es un símbolo religioso, sino la afirmación en el espacio público de un islamismo político".
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