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Luego del anuncio en La Habana de un acuerdo definitivo de paz con el que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ponen fin a más de 50 años de conflicto, la discusión continúa: no todo el mundo está celebrando. El acuerdo debe ser aprobado en un plebiscito y, según una encuesta reciente de Ipsos, sólo 39% de los colombianos votaría a favor.
En los días por venir, el presidente Juan Manuel Santos informará al Congreso sobre el acuerdo y éste tendrá que dar su visto bueno. Después, 48.7 millones de colombianos podrán acudir a las urnas a votar por Sí o por No, con un aparato electoral que insumirá unos 350 mil millones de pesos colombianos (equivalentes a 120 millones de dólares) y que demorará unas seis semanas. El plebiscito será el 2 de octubre.
El presidente Santos, su coalición de gobierno, los partidos de izquierda y el Partido Verde votarán por el Sí. En cambio, el No está apoyado por el ex presidente Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010 (y que tuvo a Santos como ministro de Defensa, antes de distanciarse de él). De alguna manera, el plebiscito también definirá el espectro político de las elecciones presidenciales de 2018.
En abril, Uribe, que hoy es senador, salió a la calle a juntar firmas contra el pacto. “No queremos que por el acuerdo de La Habana no se lleve un día a la cárcel a secuestradores, narcotraficantes y violadores de niñas; y además se les dé elegibilidad política”, dijo entonces. Esta semana, el ex presidente continuó alertando en contra: “Por razones semejantes a éstas, el chavismo empezó con una combinación entre socialismo y economía privada, pero la tiranía incrementa la represión y anula los subsistentes vestigios de empresa privada a medida que avanza el fracaso y aumenta la pobreza”.
La Corte Constitucional señaló que hay que garantizar que los colombianos voten sin presión armada y que la pregunta del plebiscito debe ser clara y pasible de responderse con un sí o un no. “Para garantizar la libertad del elector, la pregunta no puede ser tendenciosa o equívoca, pues se debe evitar que la voluntad del ciudadano pueda ser manipulada o dirigida. Tampoco puede estar formulada de manera tal que induzca a la persona a una respuesta en un sentido específico”, dice el fallo de aprobación del plebiscito.
“Esta es una confrontación militar que tuvo 225 mil muertos, 27 mil secuestrados... Son dolores difíciles de superar”, dijo a EL UNIVERSAL Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, miembro del Partido Verde. “Por eso en algunas áreas hay mucho escepticismo. Pero además hay un sector político que quiere capitalizar la oposición a este acuerdo de paz, utilizando las dudas normales”. Sanguino califica el acuerdo como “la mejor noticia que hayamos recibido los colombianos en lo que va del siglo XXI”.
“Algunas personas creen que la amnistía consagrada en el acuerdo es equivalente a impunidad y a nuevas oportunidades para negocios delictivos”, dice el analista político Ricardo Germán Quiroga, de la Universidad Nacional de Colombia. “Pero este acuerdo podría ponerle punto final a un conflicto que en las últimas tres décadas ha sufrido un proceso de degradación con infracciones al proceso humanitario, conexiones con el narcotráfico y perjuicios para nuestro tejido social y económico”.
Según la encuesta de Ipsos, 50% de los consultados se muestra inclinado a votar en contra en el plebiscito y 11% todavía no decidió qué hará. Un 46%, en el nivel socioeconómico bajo, no sabe nada sobre el plebiscito.
