Río de Janeiro.— La Policía Federal de Brasil apuntó ayer por sospechas de corrupción al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su esposa, en el marco del caso conocido como Lava Jato, que investiga una red corrupta en torno a la energética Petrobras.
Las autoridades acusaron a Lula y su esposa, Marisa Letícia Rocco, de posible “corrupción pasiva” y de “lavado de dinero”, por la construcción de un apartamento en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo. La investigación apunta a que el inmueble fue remodelado para el ex presidente por la constructora OAS, a cambio de un trato de favor.
Lula, jefe de Estado entre 2003 y 2010, niega que la casa sea suya o que haya estado reservada para él y tras revelarse la acusación, dijo que tiene “carácter político”.
La justicia debe decidir más adelante si acusa formalmente a Lula y su pareja de corrupción. La policía federal apuntó también a otras dos personas por las presuntas prácticas corruptas. La operación conocida como Lava Jato (Lavado de autos) investiga el que es considerado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Unos 50 políticos están actualmente bajo sospecha debido al presunto pago de sobornos por parte de empresas que obtuvieron licitaciones de Petrobras.
Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, por medio de un comunicado calificaron la denuncia como una “obra de ficción” que “tiene carácter y connotación política” y que “no tiene respaldo jurídico”.
La acusación se produce en momentos en que la presidenta suspendida Dilma Rousseff enfrenta la fase final de un juicio que, se prevé, derivará en su destitución definitiva.
En el segundo día del proceso, se desató una batalla a gritos entre senadores que obligó a suspender unas horas la sesión. El presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo sentirse en un “manicomio”. El lunes comparecerá Dilma.
