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El presidente venezolano Nicolás Maduro viola los derechos humanos de empleados públicos, al amenazarlos con el despido por firmar la solicitud de un referendo para revocar su mandato, denunció hoy el dirigente opositor Henrique Capriles.
“Hasta que Maduro no respete la Constitución no debe ejercer la presidencia de ninguna instancia internacional”, indicó Capriles, gobernador del estado de Miranda, en alusión a la pugna por la presidencia temporal del Mercado Común del Sur (Mercosur).
“Es inmoral que se le entregue la presidencia de Mercosur, una organización que tiene cláusulas democráticas, las cuales deberían aplicárselas por pisotear constantemente los derechos del pueblo”, señaló Capriles, principal impulsor del referéndum revocatorio.
Aseguró que ningún gobierno puede despedir a los trabajadores por su inclinación política, al criticar las amenazas del dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con Rodríguez, por órdenes de Maduro fueron citados cinco ministros para establecer de “forma categórica” que no puede haber en cargos directivos de la administración pública personas que “estén en contra de la revolución (bolivariana) y del presidente”.
Señaló que entre los ministros citados están los de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; de Industrias Básicas, Juan Arias, y de Finanzas, Rodolfo Medina.
Señaló que los funcionarios deben presentar los nombres de los empleados de confianza que hayan participado en la solicitud de la consulta contra Maduro, que algunas versiones estiman en cuatro mil.
Capriles advirtió que acosar a los trabajadores es inconstitucional, y recalcó que todo venezolano “tiene derecho al voto y si tiene derecho al voto, tiene derecho a revocar”.
“Ningún trabajador que esté al servicio del pueblo puede ser echado por su tendencia política. En la gobernación (de Miranda) nadie ha perdido su empleo por cómo piensa. Que después no se queje Maduro, cuando lo lleven a una corte internacional por los delitos y violaciones a los derechos humanos”, indicó.
“Amenazar a los trabajadores es como ponerlos contra el paredón”, dijo.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, recalcó que los trabajadores del sector público no deben ser despedidos por razones políticas.
“El trabajador debe ser evaluado por su eficiencia, independientemente si tiene cargo de libre remoción o no. El criterio de la Defensoría siempre será que el derecho al trabajo debe ser respetado, sea de la (opositora) Mesa de la Unidad o del partido gubernamental”, apuntó.
“La evaluación debe ser con base en su competencia y desempeño”, recalcó Saab.
La oposición solicitó el referéndum, al ratificar en junio pasado cerca de 400 mil firmas de electores.
Ahora espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fije una fecha para la segunda recolección de firmas, con un mínimo de casi cuatro millones, que corresponden a 20 por ciento del padrón, para activar la consulta.
afcl
