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Brasil empieza a dejar atrás la gran fiesta y catarsis colectiva que representaron los Juegos Olímpicos y se concentra en el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, cuya fase final comenzará el próximo jueves.
Durante los últimos 20 días, el mayor evento deportivo del planeta, celebrado en Río de Janeiro, acaparó la atención de los brasileños, que en su mayoría optaron por el pasatiempo olímpico y dejaron de lado la severa crisis económica y política del país.
Sin embargo, el proceso contra la mandataria avanzó sin pausas, no respetó la "tregua olímpica", y en medio de la distracción que han constituido los Juegos llegó a su fase definitiva, en la que finalmente se decidirá la suerte de Rousseff y, con ello, la del presidente interino Michel Temer.
Sin dar tiempo para procesar el impacto de los Juegos Olímpicos, la pesada losa de la severa crisis que sufre el país pasará a ocupar ahora el espacio que robaron las medallas y los podios.
El capítulo final del proceso de destitución de Rousseff, que se arrastra desde diciembre pasado, comenzará el próximo jueves, cuando el pleno del Senado se reunirá para escuchar por última vez a los testigos de la parte acusadora y de la defensa.
Dos en el primer caso y seis en el segundo, que declararán durante dos días y luego, el lunes 29, presentará su testimonio la propia Rousseff, quien ha decidido ejercer su defensa personalmente por primera vez desde que se instauró el proceso.
La mandataria está acusada de irregularidades fiscales que ella niega a rajatabla y ha dicho que del Senado sólo espera "justicia" y que reconozca su alegada inocencia.
Sin embargo, según los últimos tramites del proceso, Rousseff se verá con un Senado hostil, que en una votación previa a la fase que empieza este jueves respaldó la continuidad del juicio por 59 votos frente a 21.
Esos 59 votos superan en cinco la mayoría absoluta necesaria para destituir a la mandataria y, al mismo tiempo, confirmar a Temer en en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando acaba el actual mandato.
La decisión final será tomada en una votación que, según cálculos del Senado y la Corte Suprema, garante constitucional del proceso, deberá ocurrir entre el 30 y el 31 de agosto, pese a que no hay un plazo establecido para la conclusión del trámite.
En los últimos días, Rousseff ha jugado sus últimas cartas en un postrero intento por convencer de su inocencia a la mayoría que se ha conformado en el Senado en favor de su destitución.
La semana pasada divulgó una "Carta a los brasileños", en la que pareció aceptar su complicada situación y se comprometió a que, en caso de ser absuelta y recuperar el poder, promoverá la celebración de un plebiscito para consultar a la sociedad sobre un eventual adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
Según Rousseff, "es un hecho" que el "nivel de estrés y desgaste" causado por el juicio político impone un nuevo "pacto democrático basado en el voto popular" y obliga a anticipar las elecciones, pero "respetando" el mandato que recibió en las urnas y reconociendo su "inocencia".
Temer, por su parte, también ha movido fichas y, este sábado, se ufanó en una nota oficial de que la economía del país ha comenzado a dar "señales de recuperación" desde que asumió el poder, en mayo.
Según esa nota, "termómetros importantes, que muestran cómo está la salud de un país, como son la tasa de riesgo, indicadores de confianza de las empresas y las familias, sugieren que Brasil está otra vez en los rieles del crecimiento", sobre el cual aseguró que será retomado en 2017, con una expansión del 1,6 %.
La nota fue considerada como un claro mensaje al Senado, pero también a todos los brasileños, a los que Temer aún no termina de convencer.
Según una reciente encuesta del instituto Datafolha, el 60 % de los brasileños considera que tanto Rousseff como Temer deberían renunciar, lo que llevaría a nuevas elecciones, que fueron apoyadas en el sondeo por el 79 % de las 2.779 personas consultadas.
jlcg
