El dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, informó hoy que cinco ministerios recibieron una lista de funcionarios con cargos directivos para definir su "destino laboral" luego de que firmaran para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro.

"Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos, llamados cargos de confianza, cargos directivos, tengan otro destino laboral", detalló Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño de Libertador.

Según el dirigente, estos funcionarios de la administración pública expresaron de manera pública su cercanía con "la derecha venezolana", además de haber participado en el proceso de autorización a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la activación del referendo revocatorio a Maduro.

Rodríguez explicó que esta lista fue entregada por órdenes del propio jefe de Estado a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y del Trabajo, para establecer "de forma categórica" que no pueden tener en cargos directivos a personas que están en contra del Gobierno.

"No puede haber en cargos directivos, los llamados cargos 99, en ministerios, instituciones públicas, en gobernaciones y alcaldías personas que estén en contra de la revolución", aseveró.

Los funcionarios de grado 99 son cargos de confianza de la administración pública de libre elección y remoción.

Esta acción del partido oficialista cumple con la alerta que ha hecho en varias ocasiones el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello que exige a la militancia oficialista denunciar a toda persona adversa al Gobierno que desempeñe algún cargo directivo en instituciones del Estado.

Cabello aseguró que casi un tercio de los cargos de confianza de la función pública (unos 13 mil funcionarios) firmó para pedir que se revoque el mandato de Maduro.

La oposición venezolana reunida en la MUD impulsa la realización del revocatorio a Maduro, un proceso que espera que se haga este año para cumplir con los lapsos legales que permitan la elección de un nuevo jefe de Estado.

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