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Sexto Informe de Gobierno: Se destinaron más de 71 mdp para rehabilitar 17 planteles afectados por sismos de 2017 y 2018
El martes pasado, en la provincia argentina de Mendoza, un hombre llamó al 911. “Hola. ¿Esta llamada queda registrada?”, preguntó. Cuando le dijeron que no, siguió: “Macri va a volar por el aire”.
Las investigaciones de la policía local derivaron en la detención, horas después, de Godoy Cruz, un jardinero de 46 años, autor de la llamada realizada el mismo día que el presidente argentino Mauricio Macri visitaba la región. Según el subsecretario de Justicia de esta provincia, Marcelo D’Agostino, el detenido tendría problemas siquiátricos y está siendo sometido a pericias que definirían si es imputable o no.
Amenazas como éstas y agresiones que han sufrido Macri y su entorno recientemente han enrarecido el clima político argentino: llamadas anónimas en oficinas de la Casa Rosada, avisos falsos de bomba en un departamento particular de Macri donde vive uno de sus funcionarios, pedradas lanzadas contra el vehículo en que viajaba el mandatario en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, una figura de su mismo partido, una amenaza de muerte que recibió la vicepresidenta Gabriela Michetti en un contestador de la Fundación SUMA que ella encabeza...
“Son embates al cambio que queremos hacer”, tuiteó Michetti. A esta escalada se sumó hace tres días otro episodio extraño: muy cerca de la casa de la jueza federal Martina Forns, quien falló contra el aumento de tarifas de electricidad impulsado por el gobierno, fue encontrada una granada. La jueza lo denunció como una amenaza contra ella. Incluso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció a principios de agosto haber sido amenazada con notas manuscritas en el departamento donde vive, en el acomodado barrio de Recoleta.
Un ciclo de amenazas como el actual no se veía desde la década de 1980, cuando el país regresaba a la democracia luego de varias dictaduras.
Asesores de inteligencia informaron al gobierno que buena parte de las amenazas provienen de grupos radicalizados de ultraizquierda o kirchneristas, pero en los ámbitos políticos antioficialistas se dice que el gobierno está sobreactuando el episodio para sacar rédito político.
Lo cierto es que los incidentes han llevado a realizar una evaluación más seria en torno a la seguridad presidencial. “Que la gente sepa que las amenazas no son gratuitas: vamos a buscar a los autores y van a tener un proceso penal”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, el automóvil de Macri será, desde el mes que viene, un Mercedes-Benz Vito blindado. “La policía federal reforzará sus operativos de control de explosivos en el ingreso a la casa de gobierno y a la residencia presidencial”, agregó Bullrich.
La custodia del presidente cada día es de un máximo de 15 policías, pero la División Custodia Presidencial de la Policía Federal Argentina tiene más de 150. Cuando Macri va por la calle en auto, una moto oficial abre camino y dos autos de seguridad vienen con él. Se trata del mismo esquema que usaba Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, a Macri no le gusta andar con tantos guardaespaldas y, por ejemplo, al Foro Económico Mundial de Davos, en enero, fue solamente con cinco.
“Su custodia es porosa”, alertó a EL UNIVERSAL Juan Terraglio, analista en seguridad. “Todos estos hechos lo demostraron como nunca antes en los últimos años, por eso se debe reformular la estrategia y el protocolo en los próximos días, pero también se debe trabajar con vistas a un nuevo esquema de guardia a largo plazo. No es infrecuente que un presidente reciba amenazas”.
Las alertas están encendidas y la pregunta que ronda por estos días es si el mandatario está suficientemente seguro. Hace 15 días dos jóvenes fueron detenidos por crear un perfil falso en Twi-
tter de un supuesto terrorista islámico, que escribía amenazas en árabe y que usaba el hashtag “Pray for Argentina” (Recen por Argentina). Los jóvenes dijeron que se trató de una broma.
En mayo, una mujer de 27 años fue rastreada por el departamento de Cibercrimen de la policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires por amenazar, también vía Twitter, a Macri y a su pequeña hija Antonia. La mujer, una estudiante de Licenciatura en Historia, había sido despedida del Ministerio de Desarrollo Social cuando el gobierno cambió a algunos de los funcionarios estatales. Escribió: “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero q @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia”. Terminó presa.