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La Corte Suprema de Justicia de Argentina frenó el jueves un incremento en las tarifas de gas residencial, medida que amenaza con complicar las finanzas de un gobierno que pretendía reducir los subsidios energéticos para recortar el elevado déficit fiscal.
Tras la decisión judicial, el gobierno del presidente liberal Mauricio Macri dijo que cumplirá con todos los requisitos que solicitó la Corte Suprema para proceder con las alzas, con las que busca también revertir el déficit energético que sufre el país sudamericano por falta de inversiones.
"Las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones (de comienzos de este año) que se invalidan", dijo la Corte en uno de los puntos sobresalientes de la medida.
"La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales", según el fallo, que aclaró que se mantendrá la "tarifa social" para los usuarios con menor poder adquisitivo.
El máximo tribunal de Argentina difundió la decisión mediante un comunicado con siete puntos publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
A pesar del fallo de la Corte, que implica la continuidad de ciertos subsidios, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el Gobierno cumplirá con la meta fiscal del 2016 de un déficit público del 4,8 por ciento.
El dictamen aplica sólo a usuarios residenciales, aunque mantiene los aumentos de hasta un 500 por ciento en las tarifas para clientes comerciales e industriales. Por consiguiente, el Gobierno recibirá un 25 por ciento menos de los ingresos extras que había previsto inicialmente por las alzas.
"El costo fiscal va a haber que sacarlo de otros lugares, sea de la obra pública o de otros gastos", señaló Peña, quien dijo que aún no hay cálculos sobre cuánto costará la decisión al fisco.
El Gobierno informó que el viernes convocará a una audiencia pública -el principal requisito solicitado por la Justicia- para dentro de tres semanas para discutir un nuevo cuadro tarifario para los usuarios residenciales.
"Seguimos trabajando con el objetivo final de tener energía", dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en una conferencia de prensa.
PRESIÓN SOCIAL
La decisión de la Corte Suprema le suma dolores de cabeza al Gobierno de Macri. "Le pone más presión al programa económico que el Gobierno está liderando", opinó Dante Sica, director de la consultora Abeceb.
"En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y sobre todo en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer", argumentó.
Los aumentos en las tarifas de servicios públicos desataron amplias protestas en Argentina y expertos sostienen que los nuevos costos han incrementado el nivel de pobreza.
Las abruptas alzas dispuestas por Macri poco después de asumir en diciembre representaron para algunos argentinos incrementos superiores al 1.000 por ciento, en medio de una economía en recesión y con una alta inflación que golpea el poder adquisitivo de la población.
Ante las masivas quejas de consumidores, el Gobierno decidió en julio poner un techo a los aumentos, con un límite del 400 por ciento para el gas residencial.
A inicios de mes, otro fallo de la Justicia en una instancia inferior suspendió por tres meses la aplicación de alzas en las tarifas de electricidad para la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.
La anterior presidenta, Cristina Fernández, otorgó amplios subsidios a los consumidores para evitar un alza en el costo de los servicios, pero el actual Gobierno sostiene que es necesario recortar el grave déficit energético y fiscal que sufre el país.
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