La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida por un juicio político que está en su fase final, afirmó que sólo espera "justicia" y que la "democracia venza", pues si fuera destituida el país estará frente a "otro golpe de Estado".
A una semana de que comience la última fase del proceso que le puede costar el cargo, Rousseff dijo a corresponsales extranjeros que irá personalmente ante el Senado a presentar su defensa porque tiene la "obligación" de "argumentar en favor de la justicia y la democracia".
También indicó que no acudir supondría "entregar la democracia" y el "campo de debate democrático" que representa el Senado "a los golpistas".
La última fase del proceso, que se calcula que puede durar unos cinco días, comenzará el próximo 25 de agosto y el lunes 29 Rousseff acudirá al Senado por primera vez desde que se instauró el juicio, el pasado 12 de mayo, cuando además fue suspendida de sus funciones.
"Sólo espero justicia y no puedo esperar otra cosa", porque sería "una aberración" condenar a una "persona inocente", dijo Rousseff, quien volvió a negar que hubiera incurrido en las irregularidades fiscales que fundamentan las acusaciones.
La mandataria volvió a defender su propuesta de, en caso de que se "reconozca" su inocencia y recupere el poder, se convoque a un plebiscito para consultar a los brasileños sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para 2018.
"No es posible tapar el sol con un dedo" y no percibir que "hubo un desgaste constitucional" provocado por el "juicio sin crimen" al que está sometida, declaró Rousseff en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún tiene derecho a ocupar.
Según Rousseff, "es un hecho" que el "nivel de estrés y desgaste" causado por el juicio político impone un nuevo "pacto democrático basado en el voto popular" y obliga a anticipar las elecciones previstas para 2018, aunque "respetando" el mandato que recibió en las urnas y reconociendo su "inocencia".
La presidenta insistió en que si se "consuma el golpe" que sería su destitución, el país sufrirá una "ruptura democrática", por lo que insistió en que es necesario consultar a los brasileños sobre su futuro.
No obstante, aclaró que, como presidenta elegida en las urnas, ella debería estar al frente de ese proceso, que tendría que incluir además una reforma política, que tenga entre sus objetivos limitar el número de partidos políticos, que hoy supera la treintena.
"No importa la competencia que tenga o no" un gobernante, porque "no es posible negociar con treinta partidos" para aprobar una ley en el Congreso, afirmó Rousseff, quien insistió en que "es necesario reformar este sistema político".
En forma indirecta, a esa proliferación de partidos atribuyó la pérdida de su base política, que contribuyó a la apertura del juicio de destitución en su contra.
En su opinión, la instauración del proceso se debió, en parte, a que sectores del "centro progresista" que la apoyaban se desplazaron "hacia la derecha" y promovieron el juicio "para imponer un programa de Gobierno que jamás sería aprobado" en las urnas y tiene como meta "desmantelar" las mejoras sociales registradas durante su gestión.
En ese marco, reconoció que cometió "dos errores", uno político y otro económico.
El primero dijo que fue "elegir como vicepresidente a quien tuvo una actitud de conspiración y usurpación", en alusión a Michel Temer, quien la sustituye en forma interina tras su suspensión y permanecerá en el cargo si el Senado la despoja de su mandato.
El otro error, según Rousseff, fue haber reducido a mínimo los impuestos que pagan las empresas pensando en que eso potenciaría las inversiones, lo que no ocurrió y agravó la crisis económica.
Rousseff no quiso adelantarse y comentar cuál será su futuro en caso de que sea destituida.
"En este momento estoy luchando por mi mandato" y "siempre, en cualquier hipótesis que me reserve el futuro, me preocuparé porque este país no tenga un enorme retroceso" en términos de "los derechos sociales que han sido conquistados", declaró.
La fase final del proceso que comenzará el próximo 25 de agosto deberá durar unos cinco días, al cabo de los cuales Rousseff será despojada del cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios del Senado.
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