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Washington.— La delegación de México en la Organización de Estados Americanos (OEA) enfadó ayer a la de Nicaragua al asegurar que medidas como la destitución de 28 diputados opositores “debilitan y prácticamente neutralizan” a la oposición del país centroamericano.
“En el marco del respeto a la soberanía de Nicaragua, y sin pronunciarnos sobre la legalidad o no de dichas decisiones, expresamos nuestra preocupación por el impacto que esas medidas tienen, al debilitar y prácticamente neutralizar a la oposición en un momento en el que el país está inmerso en un proceso electoral muy importante”, afirmó el embajador mexicanoLuis Alfonso de Alba.
El representante de Nicaragua en la OEA, Luís Exequiel Alvarado, se mostró visiblemente molesto porque su homólogo mexicano llevara “los asuntos internos” de su país al seno de la organización continental.
“Es inadmisible esta conducta injerencista. No aceptamos este tipo de prácticas que afectan a la paz y a la seguridad nacional. A Nicaragua también le preocupa, como dice Amnistía Internacional, que en México persista la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, las desapariciones, las amenazas contra periodistas. Con qué autoridad viene entonces México. Está siendo usado por las fuerzas injerencistas de Estados Unidos”, agregó.
El embajador mexicano, sentado junto a su colega nicaragüense, le replicó que su preocupación es “honesta. Es un llamado para que el orden democrático en Nicaragua se fortalezca y preserve”. Pero el representante nicaragüense insistió en que “si México se atreve a preocuparse por los procesos electorales, primero debe arreglar su casa”. “Primero se ordena la casa y después se va a ver el vecindario. No tirar piedras cuando tienes tejados de vidrio”, remachó Alvarado.
Poco después, la primera dama y aspirante vicepresidencial nicaragüense Rosario Murillo tachó de “desafortunada” la intervención de De Alba.
El lunes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, emitió un comunicado en el que dijo que la destitución de los diputados opositores nicaragüenses representa una potencial violación de los derechos políticos en el país. Ayer, el relator especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, suspendió una visita programada a Nicaragua, ante “el deterioro de la situación” en el país centroamericano.
El 6 de noviembre los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
