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Washington.— La DEA no cambió su postura ante el uso de la marihuana en Estados Unidos y se negó a relajar su prohibición a nivel federal. Seguirá siendo una droga incluida en la Categoría 1 de Sustancias Controladas, al mismo nivel que la heroína o el éxtasis, y, por tanto, “no aceptable para uso médico” y con “alto potencial de abuso”.
Sin embargo, actualmente la marihuana medicinal es legal en 25 estados y el Distrito de Columbia (DC) —sede de la capital del país—, mientras que su uso recreativo está permitido en Alaska, Colorado, Oregon, Washington y DC.
En una carta dirigida a los peticionarios del cambio de registro de la marihuana —los gobernadores de Rhode Island y Washington, que ingresaron la petición hace casi un lustro—, el administrador en funciones de la DEA, Chuck Rosenberg, defendió la decisión de su organismo basándose en las recomendaciones del Departamento de Salud del país, que todavía cree que existe un “elevado potencial para su abuso” y la “falta de consenso en que funcione de forma efectiva” para la cura de enfermedades.
Los defensores de la despenalización esperaban una decisión diferente, especialmente tras los avances de Estados Unidos en la materia en los últimos años.
Según una encuesta de Quinnipac, de junio pasado, 54% de los estadounidenses está a favor de la legalización para uso medicinal, un porcentaje que llega a 89% en caso de que un médico la recete.
La decisión de la DEA frena la despenalización a nivel federal por el momento, dejando el poder a cada estado y manteniendo la no persecución en aquellos territorios en los que sea legal, tal y como prometió la administración Obama.
El único cambio podría venir con una ley específica que emanara del Congreso, o de un cambio de recomendación de las autoridades sanitarias del país.
Esta última opción es poco factible dada la necesidad de datos científicos para cambiar de opinión y la falta de estudios e investigación al respecto.
Sin embargo, eso podría cambiar en breve: la Casa Blanca flexibilizará el acceso y uso de marihuana con fines científicos y de investigación, lo que puede traer nuevos estudios que cambien el parecer de la DEA. Hasta ahora sólo la Universidad de Mississipi tiene autorización para investigar en la materia.
