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Bagdad.— El gobierno iraquí prometió ayer aumentar sus castigos y esfuerzos contra el terrorismo, tras el atentado suicida del fin de semana que causó en Bagdad al menos 180 muertos y 230 heridos, en medio de un ambiente de rabia contra la supuesta negligencia de las fuerzas de seguridad en ese ataque.
Haider al-Abadi, primer ministro del país, ordenó abandonar el uso de equipos que presuntamente detectaban explosivos, pero que según los expertos estadounidenses eran inútiles. Sin embargo, los policías seguían utilizando los dispositivos.
Tras el atentado del domingo, las autoridades ejecutaron a cinco condenados a muerte por terrorismo, horas después de haber anunciado que aplicarían esas penas muy pronto.
La nota señaló que el departamento gubernamental ha presentado un proyecto de remodelación del código penal con el fin de acelerar la aplicación de las penas de muerte. Con ello, el ministerio pretende reducir a un mes el plazo máximo que tiene el presidente iraquí para confirmar las penas.
El ministerio pretende además que, pasado ese mes, si no hay respuesta del mandatario, se considere como una confirmación de la decisión. En el barrio capitalino de Karada, los bomberos y equipos médicos aún encontraron cadáveres.
Las autoridades dijeron que una decena de personas estaban desaparecidas y que al menos 60 de los muertos eran mujeres y niños. Otros 190 ciudadanos resultaron heridos.
La explosión ocurrió después de la medianoche, cuando el barrio estaba lleno de gente que acababa de terminar el ayuno del mes sagrado musulmán del Ramadán.
El atentado puso de manifiesto la capacidad del Estado Islámico (EI) para atacar la capital, a pesar de diversas derrotas que ha sufrido en el campo de batalla, entre ellas la pérdida de la región de Faluya.
En su momento de más poder, en 2014, los yihadistas arrebataron a Bagdad el control de casi un tercio del país. Ahora se calcula que los extremistas controlan sólo 14% del territorio, de acuerdo con la oficina del primer ministro del país. El grupo todavía tiene en su poder la localidad de Mosul, la segunda ciudad más grande de la nación.
Al-Abadi también ordenó colocar sistemas de rayos X en las entradas de las provincias. Pidió que se mejore el cinturón de seguridad de la ciudad, un aumento de la vigilancia aérea, que se refuercen los trabajos de inteligencia y que la responsabilidad se reparta entre los distintos cuerpos de seguridad que operan en el país.
Más temprano, iraquíes exigieron una ofensiva contra las “células durmientes”. “Al-Abadi debe reunirse con los jefes de seguridad, inteligencia, el Ministerio del Interior y todas las partes responsables y hacerles una pregunta: ‘¿Cómo podemos infiltrarnos en esos grupos?’”, dijo Abdul Kareem Khalaf, ex dirigente policial que asesora al Centro Europeo para Estudios de Antiterrorismo e Inteligencia.
En una señal de la ira pública por el fracaso de los servicios de seguridad, Al-Abadi tuvo una violenta recepción el domingo cuando visitó Karada, el distrito en el que se crió, donde los residentes lanzaron piedras, baldes vacíos e, incluso, zapatos al paso de su convoy.
