Brasilia.— El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, después de que un tribunal aceptó la denuncia de que intentó comprar el silencio de uno de los implicados en las corruptelas en la estatal Petrobras, mostraron ayer documentos de la corte.
Los cargos fueron aceptados a trámite por el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, un día después de que Lula acudió, por medio de sus abogados, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de lo que consideró una “persecución política y judicial” en Brasil.
Junto con Lula, el juez procesará al ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral y a su asesor Diogo Ferreira; al ex presidente ejecutivo del banco de inversión Grupo BTG, André Esteves; al empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, así como al abogado Edson Ribeiro.
La acusación se refiere a supuestas maniobras para intentar evitar que Nestor Cerveró, ex director de Petrobras, detenido por los escándalos en esa empresa estatal, colaborara con la investigación, confesara lo que sabía y delatara a los miembros de la red de corrupción.
Las maniobras fueron delatadas por el ex senador Amaral quien, tras ser detenido por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras, pactó con la justicia y denunció que Lula le encargó pagar 250 mil reales (unos 77 mil dólares) para “comprar el silencio” de Cerveró.
Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución por delitos en el manejo del presupuesto, y quien no fue citada en el proceso iniciado ayer por el juez Leite.
En su declaración ante la justicia, Amaral también precisó que el plan de soborno a Cerveró incluía facilitar su “fuga” del país, que el propio ex senador recomendó que fuera a través de Paraguay, rumbo a alguna nación de Europa.
Los abogados de Lula dijeron que su cliente no ha recibido “ninguna citación” judicial y que probarán su inocencia. El juicio no tiene aún fecha programada de inicio.
En un acto político en Sao Paulo, Lula dijo que “sabía poco” sobre el proceso, aunque reiteró que está “cansado” de responder a acusaciones.
“Tengo que probar que no tengo un apartamento o una finca, que la prensa y la policía dicen que yo tengo. Son ellos los que tienen que presentar documentos y probar que son míos, porque si no me los van a tener que regalar”, declaró, aludiendo a otro juicio en el que es investigado por supuesta “ocultación de patrimonio”, referida a la propiedad de una finca en la localidad paulista de Atibaia y de un apartamento de playa en el balneario de Guarujá.
En ambos casos, la policía sospecha que, aunque están registrados a nombre de empresarios allegados a Lula, el verdadero propietario de los inmuebles es el ex mandatario, quien los habría recibido a cambio de ciertos “favores” ofrecidos desde el poder. Esa tesis fue reforzada con un informe sobre el caso difundido el jueves, en el que la policía dijo haber comprobado que costosos cambios hechos en la finca de Atibaia fueron “dirigidos” por Lula y su esposa Marisa Leticia, y estuvieron a cargo de constructoras implicadas en las corruptelas en Petrobras.
En tanto, el presidente interino Michel Temer dijo creer que Dilma, cuyo proceso se retomará la próxima semana y debe concluir a fines de agosto, será destituida, lo que a su juicio ayudará a estimular la inversión porque los empresarios sabrán “con quién hablar”.