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Las mujeres y las niñas sirias corren el riesgo de ser explotadas sexualmente a causa de los fallos del Gobierno libanés en aplicar su legislación contra la trata de seres humanos, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).
"La trata humana y la prostitución forzada constituyen un delito grave y el Líbano debe continuar reforzando las medidas contra ello. Las supervivientes necesitan justicia y apoyo", afirmó Skye Wheeler, investigadora sobre los derechos de la mujer en HRW con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, mañana.
La ONG pidió en un comunicado a las autoridades libanesas una mayor coordinación entre el Gobierno y los órganos de seguridad, eliminar los obstáculos para denunciar la trata y proporcionar ayuda a las víctimas.
HRW recuerda que una serie de redadas policiales entre 2015 y 2016 descubrieron a decenas de mujeres sirias retenidas contra su voluntad y explotadas.
Solo el pasado marzo, agentes de seguridad rescataron a 75 sirias de dos prostíbulos, Chez Maurice y Plata Bin, lo que llevó a la detención de una decena de personas.
Dos de las víctimas revelaron que fueron traídas de Siria con promesas de matrimonio y trabajo, y que al llegar al Líbano fueron obligadas a prostituirse.
Los traficantes las golpeaban con regularidad, no las dejaban salir y les confiscaron sus documentos de identidad y sus teléfonos móviles.
El propietario de Chez Maurice, Maurice Geagea, fue detenido y puesto en liberad en varias ocasiones por tráfico de mujeres y prostitución forzada, se indica en la nota.
"Este hecho pone en duda la eficacia de las autoridades. El Líbano debe revisar como manejar ese asunto y tratar la explotación sexual de modo más amplio", agregó Wheeler.
Según la ley 2011 contra la trata de seres humanos, el ministerio de Asuntos Sociales que tiene a su cargo este expediente debe establecer un fondo para las víctimas, pero aun no lo ha hecho.
Por otra parte, las ONG que ayudan a estas personas afirman que las víctimas tienen miedo de denunciar por temor a ser detenidas, porque las autoridades las consideran criminales aunque hayan sido forzadas.
A esto se suma que muchas mujeres sirias no residen legalmente en el Líbano, lo que aumenta los riesgos de explotación sexual, y que muchas víctimas tienen que esperar meses o años antes de poder testificar ante un tribunal.
"Por el bien de las víctimas, las autoridades deben garantizar que todos los casos de trata de personas sean abordados de forma eficiente y justa en los tribunales", concluyó.
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