La OSCE y las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han criticado hoy el cierre de más de un centenar de medios y 29 editoriales, así como la orden de detención contra al menos 89 periodistas como un ataque sin precedentes a la libertad de expresión y la sociedad civil.
"Las detenciones simultáneas de periodistas independientes y el cierre de medios de comunicación impresos y electrónicos representan un duro golpe contra el debate público y la rendición de cuentas del gobierno", criticó Dunja Mijatovic, responsable de libertad de prensa en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
"Instamos a las autoridades turcas a reconsiderar estas decisiones y confirmar sus obligaciones hacia la libertad de los medios", solicitó en un comunicado.
Mijatovic recuerda que estas medidas se han tomado al amparo del estado de emergencia establecido tras el fallido golpe del 15 de julio.
"Está bastante claro que esta ola de restricciones en contra de los medios no cumple con las normas internacionales básicas, incluso en momentos de emergencia", consideró Mijatovic.
"El caso omiso a las garantías en este proceso es flagrante y sólo contribuye a niveles extremos de inseguridad que afectan a todos los que trabajan para informar a la gente de la actual crisis en el país", resumió.
También importantes ONG como HRW y AI han considerado el cierre de medios y la detención de periodistas un ataque grave a la libertad de expresión.
HRW recuerda que el cierre de los medios se justifica por su vinculación a la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen, a quien se acusa de organizar la asonada.
"En ausencia de cualquier evidencia de su papel o participación en el intento violento para derrocar al gobierno, condenamos enérgicamente este asalto a los medios de comunicación, lo que debilita aún más las credenciales democráticas de Turquía", indica en un comunicado Emma Sinclair-Webb, directora de HRW en el país.
Por su parte, Amnistía Internacional señala que "la actual represión contra la sociedad civil y el ataque a la libertad de prensa ha alcanzado niveles preocupantes y sin precedentes".
El vicedirector para Europa de Amnistía, Fotis Filippou, indica que las medidas adoptadas durante el estado de emergencia dejan "poco espacio para la duda de que las autoridades tienen la intención de silenciar las críticas sin tener en cuenta el derecho internacional".
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