Brasil abrirá las puertas al sector privado, incluso a través de la venta de activos estatales, si el presidente interino Michel Temer es confirmado en el poder con una eventual destitución de la mandataria Dilma Rousseff, afirmó el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Padilha confirmó que entre los planes de Temer, en caso de continuar en la presidencia, figura la privatización de diversos activos, entre los que citó puertos, aeropuertos y ferrocarriles, y áreas vinculadas a la explotación de petróleo y gas.
En ese último punto, precisó que todo dependerá de la aprobación de un proyecto de ley que tramita en el Congreso y que propone que la estatal Petrobras sea liberada de la obligación legal de operar en los mayores yacimientos del país.
Ese proyecto permitiría ofrecer al sector privado vastas áreas de explotación en la zona conocida como "presal", que atesora enormes reservas de hidrocarburos a grandes profundidades en la plataforma marítima brasileña en el océano Atlántico.
Padilha aseguró que un plan de privatizaciones y concesiones al sector privado permitiría concretar las grandes inversiones que el país precisa en las áreas de infraestructura, logística, saneamiento básico y otras, que el Estado no puede atender debido a sus agudos problemas fiscales.
Brasil tiene una "inmensa necesidad" de inversiones y un "mar de oportunidades" para ello, indicó Padilha, quien reconoció que hasta tanto no haya una definición sobre la posible destitución de Dilma Rousseff se mantendrá una cierta "incertidumbre".
El ministro aseguró que "cada semana" recibe empresarios de otros países interesados en invertir en Brasil, pero que todos manifiestan su cautela debido a esa indefinición política.
El proceso contra Rousseff, acusada de delitos administrativos vinculados a la gestión de los presupuestos, deberá concluir a fines de agosto y, en caso de su destitución, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
No obstante, si la mandataria resultara absuelta, recuperaría el poder una vez que la sentencia sea publicada, lo que abre un abanico de dudas entre los posibles inversores, reconoció Padilha.
Aún así, el ministro aseguró que el Gobierno interino, que asumió el pasado 12 de mayo, ya ha dado pasos "importantes" para comenzar a restablecer la confianza de los agentes económicos en el futuro del país.
En ese sentido, citó medidas para limitar el gasto público y la adopción de un severo ajuste fiscal, junto con la elaboración de proyectos de ley que establecerán una mayor seguridad jurídica para el capital privado nacional y extranjero.
También destacó el compromiso del Gobierno con el combate a la inflación y la creación de empleos, así como su decisión de avanzar en reformas estructurales "claves" y demandadas desde hace años por la empresa privada.
Entre ellas, se refirió a una reforma del régimen de jubilaciones y pensiones y a otra que plantea una flexibilización de las leyes laborales, las cuales aseguró que serán presentadas formalmente al Congreso antes de fin de año.
Medidas de esa naturaleza, según Padilha, sentarán las bases para que la economía nacional recupere el crecimiento, tras haber caído un 3.8 % en 2015 y después de la contracción en torno al 3 % que se espera para este año.
Para 2017, según Padilha, las perspectivas del Gobierno son alentadoras, al menos en relación a ese escenario sombrío, y apuntan a que la economía brasileña pudiera llegar a crecer hasta un 1.2 %.
Esa tasa es muy superior a la prevista por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana revisó sus proyecciones para Brasil y coincidió en que recuperará el crecimiento en 2017, aunque cifró esa expansión esperada en apenas un 0.5 %.
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