El presidente de Argentina, Mauricio Macri, incumplió una de sus principales promesas de campaña y aceptó romper el contrato que garantizaba la transmisión gratuita de los partidos de futbol.
El año pasado, cuando buscaba la Presidencia, Macri aseguró una y otra vez que mantendría el programa “Futbol para Todos” que fue creado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para estatizar las transmisiones del deporte más popular de este país.
Mediante este acuerdo, el gobierno le pagaba a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) los derechos de transmisión, lo que terminó con la privatización que durante décadas padeció el público, que tenía que pagar para ver los partidos por televisión.
Hasta 2009, cuando se puso en marcha “Futbol para Todos”, las millonarias ganancias de los derechos de transmisión de los partidos beneficiaban principalmente al Grupo Clarín, el multimedios que mantuvo una guerra con el kirchnerismo y que perdió este lucrativo negocio.
La oposición siempre criticó la estatización del futbol, sobre todo porque desde 2009 hasta 2015 el gobierno gastó ocho mil millones de pesos (alrededor de 550 millones de dólares) en “Futbol para Todos”.
Además, durante la transmisión de los partidos que se podían ver libremente en cualquier canal de televisión abierta o de cable, el gobierno aprovechaba para hacer propaganda, lo que también era cuestionado.
Las sospechas de desvío de fondos de “Futbol para Todos” llegaron hasta la justicia el mes pasado, cuando la jueza María Romilda Servini imputó a los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionarios público”.
Antes, la justicia ya había suspendido las elecciones de dirigentes de la AFA ante las múltiples anomalías financieras e institucionales del organismo.
En medio de la incertidumbre, entró a debate el presupuesto de “Futbol para Todos”, que este año le iba a costar al gobierno macrista alrededor de dos mil 500 millones de pesos (unos 166 millones de dólares).
Urgidos de recursos, los presidentes de los clubes comenzaron a analizar la posibilidad de reprivatizar las transmisiones con la expectativa de obtener fondos de, por lo menos, tres mil millones de pesos (unos 200 millones de dólares).
Con este argumento, los dirigentes del balompié argentino le pidieron al gobierno romper el contrato de “Futbol para Todos”, lo que Macri aceptó, pese a que le acarrerará costos políticos por haber incumplido otra promesa de campaña.
El compromiso del gobierno es que, pese a que los derechos de transmisión sean otorgados nuevamente a empresas privadas, el público podrá seguir viendo los partidos de manera gratuita, pero habrá que ver si eso es aceptado por quienes se queden con el negocio.
Por lo pronto, el presidente ya trató de adelantarse a las críticas y advirtió que fueron los dirigentes los que quisieron terminar el contrato con el Estado.
A partir de ahora, dijo Macri, el futbol tendrá “que ser algo serio, porque Argentina va a ser un país serio (...) esto va a una vía de separación, así como Argentina está yendo a la no impunidad, al diálogo, a la transparencia, el futbol tiene que hacer lo mismo”.
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